Las encuestas electorales, en teoría, deberían ser una herramienta valiosa para entender las preferencias del electorado y prever tendencias políticas.

Sin embargo, en la realidad actual de la política mexicana, estas herramientas se han convertido en terreno fértil para la manipulación y la propagación de intereses económicos, dejando en entredicho su capacidad para reflejar la verdadera competencia electoral.

Vea por ejemplo el siguiente contraste a finales de enero de 2024: Mientras que DEMOTECNIA da a Claudia Sheinbaum (CS) una intención de voto de 80 puntos y a Xóchitl Gálvez (XG) 17, la encuesta de El Financiero para el mismo periodo da a CS 53 y a XG 36. Es decir DEMOTECNIA otorga a CS una ventaja de 27 puntos por encima de la encuesta de El Financiero. La dispersión de resultados para el estudio de un mismo fenómeno indica, de entrada, que algo anda mal.

El fenómeno del sesgo en las encuestas, influenciado por intereses económicos y la búsqueda de favores políticos, ha adquirido proporciones preocupantes. La falta de transparencia en la metodología y la posible manipulación de resultados por intereses particulares hacen que las encuestas sean más una herramienta de propaganda que un reflejo objetivo de la realidad política.

En este contexto, algunas encuestadoras se han transformado en propagandistas hábiles, sirviendo a intereses de grupo en lugar de cumplir su función original de informar al público. La cooptación de las empresas demoscópicas por parte de actores políticos y económicos no solo distorsiona la percepción pública, sino que también socava la integridad del proceso democrático.

La similitud con el concepto de "expectativas racionales" no pasa desapercibida. Es decir, a través de las encuestas manipuladas se promueve la creencia colectiva de que algo ocurrirá y eso -irreal inicialmente- puede influir en que realmente suceda.

Por ello, cuando se difunden resultados sesgados, la percepción pública puede realmente moldearse, creando una especie de propaganda muy poderosa que influye en la toma de decisiones de los votantes.

Este fenómeno distorsionador no solo es perjudicial para la calidad del debate político, sino que también inhibe la competencia electoral real.

Ahora resulta que los candidatos y partidos son evaluados no solo por sus propuestas y desempeño, sino por la imagen distorsionada que las encuestas sesgadas presentan y difunden.

Esto crea un círculo vicioso donde la manipulación de la opinión pública influye en las decisiones electorales, perpetuando un ciclo de desinformación y falta de transparencia.

Es imperativo que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la ciudadanía, demandemos una mayor transparencia en las encuestas electorales y se exijan estándares éticos más rigurosos en su realización y difusión. Pero esto no se cumplirá para el caso del proceso electoral en marcha.

No queda más que la vigilancia crítica de las prácticas de las encuestadoras, para que -en lo posible- la competencia electoral se base en la realidad y no en la ilusión creada por intereses particulares.

La democracia merece una competencia justa y transparente, y las encuestadoras deben rendir cuentas por su papel en la formación de la opinión pública, antes o después de la elección que ocurrirá el 2 de junio de 2024.

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