“El crimen organizado y la guerra contra las drogas han sido herramientas para justificar intervenciones políticas y militares en América Latina."Noam Chomsky – lingüista y politólogo
El reciente traslado de 29 delincuentes (casi todos narcotraficantes) a Estados Unidos ha sido presentado como un golpe contundente contra el crimen organizado y una jugada diplomática estratégica del Gobierno de México ante las presiones de la administración de Donald Trump.
Sin embargo, detrás de este movimiento se oculta un problemón legal y constitucional que podría derivar en consecuencias para los funcionarios involucrados. ¿Se incurrió en violaciones graves a los derechos humanos?
De acuerdo con fuentes oficiales, algunos de los 29 capos entregados a Estados Unidos han sido catalogados como "terroristas" por el gobierno estadounidense. Entre ellos destaca Rafael Caro Quintero, histórico enemigo de la DEA, acusado del asesinato del agente Kiki Camarena en 1985. A pesar de la gravedad de sus delitos, la manera en que fueron enviados a territorio estadounidense no se ajusta a un proceso de extradición, sino a un "traslado" justificado bajo la Ley de Seguridad Nacional (LSN). La distinción no es menor: mientras la extradición implica un procedimiento judicial con garantías legales para el acusado, el traslado se realizó sin cumplir los requisitos constitucionales ni tratados internacionales.
El Artículo 1 de la Constitución mexicana establece que toda persona debe ser protegida en sus derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de garantizar el debido proceso. Al optar por una vía administrativa en lugar de la extradición formal, el Gobierno mexicano pudo haber violado garantías procesales fundamentales, tales como el derecho a la defensa y a impugnar la entrega ante tribunales nacionales.
Además, el Artículo 22 prohíbe la pena de muerte en México y condiciona la extradición de ciudadanos mexicanos a la garantía de que no serán ejecutados. Sin embargo, entre los 29 narcotraficantes entregados, varios enfrentan cargos que en Estados Unidos pueden derivar en la pena capital, lo que representaría una violación directa a este precepto constitucional.
El Artículo 108 constitucional establece que los servidores públicos pueden ser responsabilizados por violaciones graves a los derechos humanos, lo que abre la puerta a eventuales sanciones administrativas, inhabilitaciones o incluso juicios penales. Si se demuestra que el traslado de estos capos violó derechos fundamentales, los funcionarios que firmaron y ejecutaron esta decisión –incluyendo altos mandos del Gabinete de Seguridad y la propia Presidenta de la República– podrían enfrentar procesos legales en México.
De igual forma, el Artículo 110 permite el juicio político para funcionarios que atenten gravemente contra los derechos de los ciudadanos. Si la oposición o la comunidad internacional denuncian formalmente estas acciones, podría abrirse una investigación que cuestione la legalidad del traslado.
La historia ofrece un paralelismo inquietante. En los años 80, el gobierno colombiano emprendió una política agresiva de extradiciones que derivó en la creación del grupo terrorista "Los Extraditables", conformado por narcotraficantes que desataron una ola de atentados y asesinatos para evitar su captura. En México, la entrega de estos 29 capos podría generar represalias del crimen organizado y una crisis de seguridad en respuesta a lo que podría interpretarse como una traición del Estado a ciertos grupos del narcotráfico.
Así que mientras el Gobierno mexicano defiende su decisión como una estrategia diplomática para evitar sanciones comerciales de Trump, las consecuencias legales y políticas pueden ser profundas. A pesar de que el fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que la decisión se fundamentó en la seguridad nacional, las lagunas jurídicas son evidentes.
Si en el futuro se comprueba que esta decisión violó la Constitución, el derecho internacional y los tratados en materia de extradición, los funcionarios responsables podrían ser llamados a rendir cuentas ante la justicia mexicana. En ese caso, el golpe contra el narco podría transformarse en un golpe contra la legitimidad del propio gobierno.
La pregunta sigue en el aire: ¿se trató de una estrategia inteligente o de una violación flagrante del Estado de derecho? El tiempo y los tribunales lo dirán.
Sheinbaum y quienes le sucedan en el poder deben tomar nota de este capítulo en la historia bilateral México-EE.UU. El verdadero desafío para México es encontrar un equilibrio entre proteger su economía y mantener su independencia como nación.
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