El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada, no es un hecho aislado ni circunstancial. Ejecutados en una operación precisa, con vigilancia previa y conocimiento de sus movimientos, su muerte plantea interrogantes que trascienden la violencia cotidiana en la Ciudad de México.
¿Es este crimen consecuencia indirecta de una ruptura interna en el aparato de seguridad capitalino? La participación del Ejército en tareas de inteligencia y patrullaje —legitimada por la Constitución y convenios vigentes— ha transformado radicalmente el equilibrio de poder. Hoy, la SEDENA no sólo opera en campo: gestiona datos, sistemas de videovigilancia y redes de información crítica.
Al frente de esa arquitectura militar está el general secretario Ricardo Trevilla. En el otro extremo, civil-policial, se encuentra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La pregunta es: ¿Hay una contradicción de fondo entre el poder militar y el poder policial? El intento de asesinato que sufrió Harfuch en 2020, cuando era secretario de Seguridad bajo el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum, sugirió una lucha sorda por el control del orden público. Aquel ataque fue adjudicado al crimen organizado, pero dejó preguntas abiertas: ¿Por qué él? ¿Quién dio la orden? ¿Qué mensaje pretendía enviarse?
Hoy, el reciente asesinato de Ximena y José —ambos vinculados a la operación política y de seguridad del gobierno de Clara Brugada— revive esa pregunta. Y más aún: la revive en un contexto donde el Ejército ha ganado presencia estructural en los sistemas de inteligencia de la Ciudad de México, incluyendo el control operativo del C5, un recurso clave que Harfuch defendió como bastión civil durante su gestión.
La lucha no es solo por las armas, sino por la información. La inteligencia, la capacidad de anticipar, vigilar y operar con ventaja estratégica, es hoy el verdadero corazón del poder en la capital. Y ahí se libran, de manera silenciosa, las tensiones entre modelos y actores distintos: la lógica castrense contra la lógica policial; los mandos institucionales contra los operadores políticos; los proyectos personales contra las cadenas de mando.
Frente a un crimen de esta magnitud, la poca información institucional resulta inexplicable. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni la jefa de Gobierno Clara Brugada, ni la Fiscalía local han ofrecido una versión oficial robusta. No hay hipótesis clara, algunos indicios públicos, pero no hay narrativa institucional que asuma el control del mensaje.
Y sin embargo, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, es un hombre cercano a Harfuch. Fue su segundo al mando durante el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad. Su presencia en el gabinete de Brugada parecía garantizar una cierta continuidad de la lógica policial.
¿Por qué entonces el silencio? ¿Es cálculo o evidencia de que el poder real se ha desplazado fuera del gabinete civil? ¿Tuvo Vázquez Camacho acceso contundente a información sobre el ataque? ¿Tiene margen de maniobra para investigar con independencia o está atado?
El mensaje detrás del crimen de Ximena y José no es solo un golpe político: es un mensaje a la inteligencia, al corazón del sistema operativo de la ciudad. Un mensaje que parece decir: “Sabemos quiénes son, dónde están y cómo se mueven”. Pero, ¿quién o quiénes?
Más todavía: ¿Quién está al mando de la Seguridad realmente en la Ciudad de México? ¿El gobierno de Clara Brugada? ¿El Ejército? ¿Un aparato autónomo de inteligencia que opera más allá del control civil? ¿O una combinación ambigua y peligrosa de todos ellos?
ANEXO – Dos crímenes, un patrón: el poder del crimen y la fragilidad de la inteligencia capitalina
En julio de 2024, el jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Milton Morales, fue asesinado en una operación de precisión organizada por el Cártel Nuevo Imperio. Su ejecución reveló una estructura criminal con capacidad logística, infiltración territorial y acceso a inteligencia sobre funcionarios clave.
Morales fue seguido, vigilado, interceptado y ejecutado con seis disparos por la espalda frente a una pollería en Coacalco. Su asesino, un sujeto identificado como “Leo”, había sido reclutado por una red delictiva para saldar una deuda. Tras el homicidio, se intentó evadir el sistema de videovigilancia de la ciudad. El seguimiento policial permitió llegar hasta Raúl Castañeda Franco, alias “Rancarra”, operador del cártel y autor intelectual del asesinato.
La estructura criminal movilizó cinco vehículos, dos motocicletas con placas sobrepuestas, exconvictos y bodegas. El objetivo era claro: eliminar a un jefe de inteligencia que había logrado desarticular varias células del grupo criminal en las alcaldías Miguel Hidalgo, Iztacalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
Ese mismo patrón se repitió en mayo de 2025, cuando fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su jefe de asesores, José Muñoz. Ambos funcionarios de altísima confianza, ejecutados con métodos de vigilancia previa, logística sofisticada y violencia quirúrgica.
El agresor disparó ocho veces contra Guzmán y cuatro contra Muñoz. Había visitado el punto de ejecución una semana antes. Los vehículos involucrados también presentan alteraciones en números de serie y placas. Se trató, nuevamente, de una operación con múltiples cómplices, preparación previa y una posible señal al centro del poder político de la ciudad.
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