60.5 millones de personas integraron la población económicamente activa (PEA) en México durante el primer trimestre de 2025. Aunque la cifra parece sólida, oculta una verdad incómoda: más de la mitad de los trabajadores en el país viven atrapados en la informalidad, sin seguridad social, derechos laborales ni protección del Estado.
Mexconomy - Región Global - Peor aún, esta proporción —54.3 %— se ha mantenido estancada por años, evidenciando que el modelo de crecimiento económico mexicano se sustenta en la precariedad institucionalizada.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la economía perdió 172 mil personas en su fuerza laboral activa respecto al mismo trimestre de 2024. La tasa de participación económica cayó de 60.0 % a 59.2 %, revelando un deterioro silencioso: cada vez más personas abandonan la búsqueda activa de empleo o se refugian en actividades económicas invisibles a la autoridad.
De los 59 millones de personas ocupadas, 32 millones lo hacen en condiciones de informalidad. El espejismo estadístico del “empleo” se sostiene en trabajos que carecen de prestaciones, protección sanitaria, jubilación o estabilidad.
Lo más alarmante es que el núcleo de este problema no está en las comunidades rurales aisladas, sino en el corazón mismo de la economía urbana: casi la mitad del empleo no agropecuario está concentrado en micronegocios. Se trata de talleres, changarros, repartidores, servicios personales o vendedores ambulantes que funcionan sin registro, sin contratos y muchas veces sin ingresos fijos.
“La informalidad en México no es un rezago: es el sistema”, explica un economista de la UNAM consultado por Región Global. “No es una etapa que se supere, sino un arreglo estructural del Estado con el mercado: se acepta como válvula de escape del desempleo abierto a costa de derechos fundamentales”.
La informalidad golpea con mayor dureza a las mujeres: más de 13 millones están ocupadas en condiciones informales. Muchas de ellas se insertan en trabajos domésticos remunerados —una categoría que perdió casi 150 mil ocupaciones en un año— o en actividades comerciales sin protección legal.
Los jóvenes tampoco escapan. El grupo de 15 a 24 años representa el 32.8 % de la población desocupada. Su tránsito del sistema educativo al mundo laboral está marcado por la falta de oportunidades formales, lo que los obliga a ingresar a la economía informal o a la inactividad.
Mientras tanto, los trabajadores por cuenta propia —quienes representan ya el 22.1 % del total de ocupados— crecen en número, pero no en derechos. Este aumento suele interpretarse como “emprendimiento”, pero en realidad refleja una fuga estructural de la seguridad social y la protección del trabajo subordinado.
El ingreso tampoco ofrece refugio. El 40.1 % de los ocupados gana hasta un salario mínimo. Si se suman quienes no especificaron su ingreso o no reciben pago alguno, el panorama se vuelve más sombrío: millones de mexicanos viven en la economía activa sin obtener ingresos suficientes para sobrevivir.
La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) se ubicó en 33.6 %: es decir, uno de cada tres trabajadores enfrenta jornadas extenuantes, ingresos ínfimos o ambas situaciones al mismo tiempo. Esta métrica revela que el trabajo dejó de ser garantía de movilidad social. En México, tener empleo no necesariamente significa salir de la pobreza.
Informalidad institucionalizada: el modelo de la 4T
El estancamiento en la informalidad —54.3 % por segundo año consecutivo— es más que un dato: es un diagnóstico estructural. Mientras se maquilla el desempleo con ocupaciones sin derechos, el Estado renuncia a su capacidad de garantizar un piso de bienestar básico.
“No es que falte empleo. Lo que falta es trabajo digno”, afirma otro especialista en política laboral. “El problema es que el crecimiento económico que se presume desde Palacio Nacional se apoya en sectores con alta precariedad y nula protección”.
Así, México queda atrapado en su propia trampa laboral: presume tasas bajas de desempleo mientras ignora que millones de personas trabajan en la sombra, sin contratos, sin pensión futura y con ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
El verdadero desafío para México no es crear empleo en términos brutos, sino transformar su calidad. Mientras la informalidad siga siendo la salida “funcional” al subempleo y la pobreza, ningún discurso de recuperación económica tendrá legitimidad.
La ENOE 2025 no deja lugar a dudas: el país está cruzando un umbral peligroso, donde el trabajo ya no representa dignidad ni seguridad. Y esa es una deuda que no se salda con estadísticas, sino con voluntad política y una política económica seria.
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