Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que el Congreso mexicano se alista para dos periodos extraordinarios de sesiones con un propósito mayúsculo: procesar y aprobar alrededor de 22 reformas legales consideradas prioritarias por el gobierno de Claudia Sheinbaum
CDMX - En conferencia de prensa desde el Senado, tras encontrarse con Adán Augusto López, Monreal detalló que el primer periodo extraordinario podría celebrarse entre el 9 y el 16 o 17 de junio, mientras que el segundo se prevé para agosto, aunque aún sin fecha fija. Ambos se enfocarán en discutir reformas de gran calado que reconfigurarán sectores estratégicos como la seguridad, las telecomunicaciones, el desarrollo social y el aparato de justicia.
Uno de los ejes más controvertidos del primer paquete legislativo será la revisión de la Ley Contra Desapariciones Forzadas. Esta podría ser modificada tras las mesas de trabajo entre colectivos de familias de personas desaparecidas y la Secretaría de Gobernación. La propuesta busca responder a las críticas por omisiones e ineficacia acumuladas durante el actual sexenio.
En paralelo, se abordarán reformas en materia de seguridad e inteligencia que permanecen pendientes en la Cámara de Diputados. Estas han sido objeto de fuertes críticas, principalmente por la intención de crear un padrón de telefonía móvil que permitiría el acceso de instituciones de seguridad a registros sensibles, incluidos datos biométricos, con fines de investigación.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció la apertura de mesas de análisis para atender los cuestionamientos públicos y legislativos. Ayer, durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política, reiteró que no hay fisuras entre su visión y la de los titulares de la Sedena y la Semar —Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales Ángeles— respecto al nuevo marco legal.
Durante el segundo periodo extraordinario, tentativamente en agosto, Morena buscará avanzar en una serie de reformas orientadas a reestructurar la administración pública federal y el entorno económico nacional. Entre ellas destacan:
- Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, con posibles impactos en el poder de los reguladores y el entorno de libre mercado.
- Cambios a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que podrían ampliar el margen de acción de empresas del Estado.
- Modificaciones en telecomunicaciones y radiodifusión, un sector clave tanto en términos comerciales como de libertad de expresión.
- Reforma ferroviaria, con posibles implicaciones en concesiones privadas y operación logística.
También se contempla una iniciativa simbólica de fuerte carga política: una reforma de reconocimiento a las mujeres que han transformado la patria, que podría traducirse en cambios en programas educativos, símbolos públicos o criterios conmemorativos institucionales.
El bloque final de reformas incluye ajustes de fondo a la estructura legal del Estado mexicano:
- Ley General de la Guardia Nacional
- Ley Federal de Procedimientos Penales
- Ley contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 104 y 107 constitucionales, clave para el control del poder público.
- Ley Federal para la Revocación e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley General de Desarrollo Social
- Ley Aduanera
- Ley Federal de Procedimientos Contencioso-Administrativos
- Ley General de Salud, cuya posible modificación nuevamente apunta a la esperada consolidación del sistema IMSS-Bienestar.
La aceleración de estos periodos extraordinarios y la magnitud del paquete reformista confirman que la nueva mayoría legislativa de Morena buscará consolidar el modelo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque Monreal y Harfuch han ofrecido espacios de diálogo, el calendario legislativo revela una estrategia de ejecución rápida, donde la deliberación podría pasar a segundo plano.
Con 22 reformas en juego y una nueva presidenta con amplio respaldo electoral, México entra en una etapa de transformación institucional cuyo alcance dependerá tanto del contenido final de las leyes como de su implementación efectiva. En el horizonte, la pregunta es si esta nueva arquitectura legal fortalecerá los derechos y libertades de los ciudadanos, o si pavimentará el camino hacia un modelo más centralizado y vertical de poder.
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