Por enésima vez, las calles del Centro Histórico fueron clausuradas no por obras ni por festividades, sino por la protesta de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre. Miles de poblanos quedaron atrapados en el tráfico o sin servicio de transporte, mientras los manifestantes marchaban desde el Mercado Hidalgo hasta el Zócalo y luego a Casa Aguayo, la sede del Poder Ejecutivo estatal.
Puebla de Zaragoza, Pue.— La marcha concluyó poco después del mediodía, pero no sin antes provocar afectaciones de alto impacto. Las rutas sobre la 11 Norte-Sur, Reforma, el Zócalo y el Bulevar 5 de Mayo fueron cerradas parcial o totalmente. La Secretaría de Seguridad Pública estatal y Protección Civil Municipal reportaron un tránsito colapsado durante varias horas. Miles de trabajadores, comerciantes, estudiantes y automovilistas fueron los damnificados silenciosos del día.
De acuerdo con Xihuel Sarabia, dirigente de la organización, la protesta busca denunciar una “criminalización sistemática” contra los vendedores ambulantes afiliados a la 28 de Octubre. Las acusaciones que, según él, pesan sobre sus compañeros incluyen:
- Distribución de drogas en mercados.
- Agresiones contra pasajeros de taxis colectivos vinculados a la misma organización.
- Cobros irregulares por estacionamiento en zonas cercanas a los estadios.
Sarabia asegura que estos señalamientos son montajes sin sustento y denuncia la pérdida de fuentes de trabajo en las inmediaciones de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán tras una campaña de difamación. “No somos criminales, somos trabajadores que defienden su derecho a ganarse la vida”, expresó.
La protesta ocurre apenas un día después de que la UPVA consiguió una reunión agendada para el 3 de junio con el delegado de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la organización exige respuestas inmediatas, no promesas diferidas. Por ello, elevaron el nivel de su exigencia: una mesa directa con el gobernador Alejandro Armenta.
“Queremos que el gobernador nos reciba y nos escuche, no más evasivas”, insistió Sarabia. Los manifestantes reiteraron su desconfianza en los canales institucionales de diálogo, que consideran formales pero ineficaces.
Otro de los reclamos más sensibles es el retiro de escoltas a Rubén Sarabia “Simitrio”, consejero histórico de la UPVA, a pesar de las amenazas de muerte que ha denunciado públicamente. La medida fue tomada por la Fiscalía de Puebla, lo cual ha sido interpretado por la organización como una forma de presión política.
Mientras la UPVA denuncia hostigamiento y exige diálogo, los ciudadanos pagan el costo diario de una ciudad atrapada entre el poder político y las organizaciones de presión social. El libre tránsito se volvió imposible por horas, y ni el transporte público ni el particular funcionaron con normalidad. Para muchos, la protesta dejó de ser una causa justa y se convirtió en un secuestro del espacio común.
Al final de la jornada, la circulación fue reabierta, pero el fondo del conflicto permanece sin resolución. La pregunta es si el gobierno de Armenta optará por el diálogo efectivo o continuará administrando el conflicto mientras Puebla sigue, literalmente, paralizada.
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