El próximo domingo1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral inédita: la ciudadanía votará por cientos de jueces, magistrados y hasta ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero lejos de ser un ejercicio de democracia participativa, lo que se avecina es un ensayo general —y probablemente exitoso— de lo que será la nueva normalidad electoral en México: una democracia formal con resultados prediseñados y votos guiados por el poder, dentro de procesos electorales subordinados al gobernante.
CDMX - Con una abstención pronosticada superior al 80% y una maquinaria de movilización que incluye a gobiernos estatales, municipales, sindicatos y operadores de Morena (...), la elección judicial no solo está cuestionada por su diseño técnico. Está además capturada por una estructura que reproduce, amplifica y formaliza el clientelismo como forma de ejercicio del sufragio.
El escándalo por la entrega de “acordeones” —listas de nombres y números que los votantes deben marcar en la boleta judicial— no es anecdótico. Según denuncias, se trata de una estrategia ilegal para colonizar el Poder Judicial. No son listas espontáneas. Provienen de cuentas vinculadas a gobiernos, operadores territoriales y redes clientelares. Son el nuevo manual del voto disciplinado.
La idea del “pueblo eligiendo jueces” es una ilusión. En un país donde millones dependen de programas sociales o empleos públicos, y donde las estructuras corporativas siguen vigentes, el voto es menos una expresión autónoma y más una transcripción mecánica de la voluntad del líder, del partido, del funcionario.
La elección judicial no busca democratizar. Busca subordinar. Fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por una mayoría legislativa de Morena en tiempo récord. El objetivo era eliminar a un Poder Judicial que operaba como contrapeso institucional. La vía: politizarlo desde dentro, disfrazando de participación popular lo que en realidad es una captura partidista de la justicia.
Las boletas son incomprensibles. Los perfiles de los aspirantes son en su mayoría desconocidos. Muchos vienen de cargos políticos, no judiciales. Presumen su cercanía con Claudia Sheinbaum o con gobiernos estatales morenistas. Es la justicia de partido, ahora institucionalizada.
Ante esto, el Instituto Nacional Electoral ha sido incapaz de frenar las múltiples irregularidades del proceso: uso de recursos públicos, promoción de candidatos por parte de funcionarios, injerencia partidista en un proceso que debía estar blindado contra la política. Esta pasividad no es neutra: normaliza la ilegalidad y erosiona el futuro democrático del país.
Si en esta elección no se pudo evitar el acarreo, la coacción y la propaganda gubernamental en un proceso judicial, ¿qué garantías habrá para elecciones legislativas, municipales, de gobiernos estatales o presidenciales en el futuro? La respuesta parece estar descrita en el presente.
¿Votar para un nuevo Poder Judicial? Prácticamente nadie —ni siquiera muchos abogados— conoce a detalle las funciones de un juez civil ordinario frente a un magistrado en competencia económica, o entre un juez de lo familiar y un ministro constitucional. Pero eso no importa, porque lo que menos se espera es racionalidad jurídica en la elección. Lo que se busca es alineamiento político.
Por eso se promueven “acordeones”. Por eso se movilizan estructuras clientelares. Por eso esta elección es, en esencia, una ficción democrática con fines de control judicial.
En los hechos, el 1 de junio de 2025 marca el inicio de una nueva era electoral en México: una donde la ciudadanía vota sin decidir, donde los comicios validan estructuras de poder en lugar de disputar proyectos políticos.
La elección judicial es una simulación participativa diseñada para justificar la toma política del último contrapeso institucional. Lo que viene después no es un Poder Judicial más democrático. Es uno más obediente, más partidista y menos independiente.
Y lo que sigue para la democracia mexicana es un largo camino hacia el autoritarismo funcional, donde el voto existe, pero no decide; donde la ley se aplica, pero con sesgo; donde el pueblo participa, pero solo para legitimar lo que ya ha sido decidido desde el poder.
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