Frente al Congreso del Estado de Puebla, decenas de motociclistas protestan de forma pacífica. No bloquean calles, no levantan la voz con violencia. Lo hacen para ser escuchados. Lo hacen porque “ya es insoportable ser tratado como sospechoso sólo por no tener coche”.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La movilización, respaldada por conductores de municipios como Tehuacán y Ajalpan, responde a una iniciativa legislativa impulsada por la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local. Dicha propuesta busca reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para imponer, entre otras cosas, el uso obligatorio de chalecos y cascos con engomados visibles.
¿El argumento? Que con estas medidas se evitará que las motocicletas sean usadas para delinquir.
El problema es que esa narrativa pone a todos los motociclistas en la mira, sin distinción, y desvía la atención de la verdadera raíz del problema: un sistema de movilidad fallido, excluyente y peligrosamente mal gestionado.
La iniciativa —implícitamente— criminaliza a quienes usan moto como único medio de transporte, muchos de ellos trabajadores, repartidores, estudiantes o jefes de familia. Tal vez la diputada García Chávez debería preguntarse por qué cada vez más personas optan por una motocicleta ante el desastre del transporte público poblano.
A la fecha, la Secretaría de Movilidad y Transporte, no ha logrado solucionar ni uno solo de los problemas estructurales del transporte público:
- El sistema de rutas está fragmentado, saturado y sin planificación técnica.
- Las unidades operan en condiciones deplorables y sin supervisión real.
- No existe información pública clara sobre frecuencias, tarifas o cobertura.
- Y mientras tanto, los concesionarios —que lucran con un servicio básico— siguen operando como siempre.
La movilidad en Puebla no está pensada para el ciudadano. Está pensada para recaudar, sancionar y castigar.
La paradoja se extiende al ámbito municipal. El Ayuntamiento de Puebla mantiene calles plagadas de baches, iluminación deficiente, señalética ausente o deteriorada. Vialidades rotas que en algunos puntos simulan escenarios de guerra, no de ciudad.
¿Y qué hacen cuando los ciudadanos tratan de cumplir con sus obligaciones? Los empantanan en una burocracia kafkiana para pagar refrendos, renovar licencias o actualizar sus placas. Conductores entrevistados señalan que “es más fácil comprar una motocicleta usada sin papeles que completar un trámite legal”.
Lo que sí funciona en otros países, y lo que Laura Artemisa no quieren ver
En ciudades como Londres, Barcelona o incluso Bogotá, las políticas exitosas de movilidad no se centran en perseguir al motociclista, sino en mejorar la infraestructura, fortalecer los registros vehiculares y profesionalizar a los cuerpos de tránsito.
El uso de chalecos o cascos con matrículas visibles ha demostrado ser poco efectivo en la reducción de delitos, pero muy útil para disfrazar políticas recaudatorias como acciones de seguridad. En Bogotá, esa medida ya fue ampliamente cuestionada. En Puebla, se pretende imponer sin consultar a quienes más la padecerán.
Además, en esos países hay algo que la diputada bien podría hacer en Puenla: rescatar la confianza institucional. Porque allá, cuando una autoridad detiene a un motociclista, no lo hace para extorsionar.
Los motociclistas no son el problema. Son el síntoma.
La protesta de los motociclistas es legítima y necesaria. No solo se oponen a una medida injusta, sino que exhiben el fracaso de un modelo de movilidad diseñado desde el escritorio y no desde la calle.
Quienes usan motocicleta en Puebla, en su mayoría, no lo hacen por gusto, sino por necesidad. Porque un auto es inalcanzable, porque el transporte público no funciona, porque sus trabajos —reparto, vigilancia, mantenimiento— lo requieren. No son criminales. Son ciudadanos olvidados.
Si Laura Artemisa García Chávez realmente quiere combatir el delito, que empiece por corregir y mejorar instituciones. Lo demás es puro ruido para no escuchar.
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