Una red criminal con base en México y operaciones en Estados Unidos aprovecha las brechas del sector energético y la corrupción institucional para mover combustible robado, evadir impuestos y financiar drogas. La Operación Top Fuel ha comenzado a desnudar la dimensión real del fenómeno, pero sus tentáculos siguen intactos.
En octubre de 2023, autoridades mexicanas y estadounidenses lanzaron una estrategia conjunta para frenar el tráfico transfronterizo de hidrocarburos. La llamaron Operación Top Fuel, y su objetivo era más ambicioso que lo que sugería su nombre: descabezar una red binacional que no solo mueve combustible robado, sino que articula una cadena delictiva que llega hasta el narcotráfico y el blanqueo financiero.
La operación puso bajo la lupa una industria paralela, operada desde el crimen organizado, que drena cada año miles de millones a los Estados, subvierte el mercado energético y alimenta con efectivo a los cárteles. El caso más visible es el del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero no es el único. El trasiego de hidrocarburos se ha convertido en un negocio tan rentable como el de las drogas, con una ventaja decisiva: menor riesgo y mayor protección institucional.
Las investigaciones de la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. han documentado cómo el CJNG ha construido un engranaje de empresas fachada, contratos de distribución, estaciones de servicio y transportistas aparentemente legales, que sirven como cobertura para el robo y tráfico de combustible.
En septiembre de 2024, Estados Unidos sancionó a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como operador financiero del CJNG en el negocio del huachicol. La red que dirigía incluía a sus familiares como prestanombres, plantas gaseras registradas en México y transferencias a bancos en el extranjero.
Más recientemente, en mayo de 2025, la OFAC incluyó en su lista de sancionados a tres nuevos actores ligados al cártel: César Morfín, Álvaro Morfín y Remigio Morfín, junto a las compañías Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, ambas con operaciones en el sector energético.
Los investigadores identifican un patrón claro: el combustible robado no solo se revende para obtener liquidez, sino que esa misma liquidez alimenta la producción y distribución de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas. Las rutas empleadas son las mismas. Los operadores también. Y el dinero se recicla en los mismos circuitos de lavado.
“Es un modelo de integración vertical”, explica un exagente antidrogas. “El combustible permite generar flujo de efectivo que sirve para financiar laboratorios. Los mismos camiones transportan gasolina y cristal. Y todo regresa a empresas pantalla que justifican ingresos con facturas falsas”.
Este modelo híbrido ha sido documentado en diversas regiones del país, especialmente en estados como Guanajuato, donde confluyen tomas clandestinas, laboratorios de drogas y violencia extrema. La detención reciente de “El Logan”, presunto operador del Cártel Santa Rosa de Lima, refuerza esta hipótesis: no hay fronteras entre el huachicol y el narco.
La corrupción que sostiene el sistema
El engranaje del tráfico de combustible sería inviable sin una cadena de complicidades institucionales. Desde inspectores de aduanas hasta mandos medios en Petróleos Mexicanos (PEMEX), pasando por autoridades municipales que protegen o encubren tomas clandestinas, la red criminal se sostiene gracias a la omisión —y en algunos casos, la participación activa— de funcionarios públicos.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado contratos adjudicados a empresas vinculadas con operadores del crimen, permisos de distribución otorgados sin inspección previa, y funcionarios que repiten como socios en diversas compañías gaseras.
Sin embargo, hasta la fecha, ningún alto funcionario ha sido imputado formalmente en México por su vinculación con el robo de combustible, lo que deja intacto el andamiaje que permite que el negocio continúe.
La Operación Top Fuel ha logrado sanciones y algunos decomisos importantes. Pero el flujo de combustible robado no se ha detenido.
Los especialistas coinciden en que mientras no se reforme a fondo el sector —desde el control en ductos hasta la fiscalización de estaciones de servicio—, nuevas redes seguirán emergiendo. Y con ellas, una economía paralela que enriquece al crimen organizado mientras empobrece al Estado.
Más que una operación policial, lo que se requiere es una transformación institucional que rompa el vínculo entre el crimen y la industria energética. Mientras tanto, el huachicol fluye. Y con él, el poder económico y territorial de los cárteles.
Datos relevantes
100 millones de dólares: valor estimado del petróleo crudo traficado anualmente hacia EE. UU.
Octubre de 2023: fecha del lanzamiento oficial de la Operación Top Fuel.
Miles de millones de pesos: pérdidas anuales estimadas para México por el robo de combustible.
Miles de millones de dólares: impacto fiscal y comercial en Estados Unidos vinculado al huachicol.
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