La presidenta Sheinbaum abre la puerta a una reforma laboral de alto impacto. Sin embargo, en un país donde cumplir con la ley laboral representa un costo significativo que pocas empresas pueden asumir, esta decisión podría afectar más a las PyMEs que beneficiar al "pueblo" trabajador.
Estado de México - Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció referenciando sus palabras con lo expresado el Día del Trabajo, y emitió una declaración muy aplaudida: "Siempre es buen momento para apoyar al pueblo".
"El 1 de mayo dije que inicia la discusión para la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México. Porque antes decían 'es que qué mal momento para apoyar al pueblo'. No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo. Lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México."
Lo expresó al anunciar el inicio del debate para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El mensaje aparentaba claridad: justicia social, redistribución del tiempo, dignidad para los trabajadores. No obstante, tras el discurso, subyace un sistema económico cuyos equilibrios son más frágiles de lo que aparentan.
Sheinbaum fue contundente: la jornada laboral se reducirá progresivamente hasta 2030. La propuesta, aunque gradual, busca alinear a México con los estándares internacionales de países que ya han implementado semanas laborales más cortas sin reducción salarial.
Para la mandataria, el mensaje representa un avance histórico en materia de justicia social. Sin embargo, para gran parte del sector empresarial, especialmente las micro y pequeñas empresas, la señal genera preocupación. Apenas 48 horas después del anuncio del 1 de Mayo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que "no es el mejor momento" para imponer nuevas obligaciones laborales, argumentando que las empresas enfrentan una situación de ventas decrecientes y costos ascendentes.
Los datos del INEGI respaldan estas preocupaciones. Según la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), los ingresos al mayoreo experimentaron una caída del 5.3% respecto a febrero de 2024, mientras que las remuneraciones aumentaron un 6.1%. En el sector minorista, aunque las ventas crecieron modestamente un 1.7%, los sueldos se incrementaron un 4.7%. El margen de ganancia se reduce mientras el esfuerzo económico aumenta.
A esta situación se suma el persistente problema de la informalidad económica. Mientras las empresas formales cumplen con sus obligaciones fiscales, seguridad social, prestaciones laborales y ahora posiblemente la contratación de más personal para cubrir la reducción de horas, la competencia desleal del sector informal opera sin restricciones ni regulaciones.
Nadie cuestiona que reducir la jornada laboral constituya, en principio, un objetivo deseable. Teóricamente, puede mejorar la productividad, equilibrar la vida personal y profesional, además de dinamizar el consumo. Sin embargo, en el contexto mexicano actual, no existe una red de protección adecuada.
El 41.5% de los trabajadores formales están empleados en microempresas, muchas de las cuales operan al límite de su viabilidad económica.
Los países que han implementado exitosamente reducciones en la jornada laboral —como Francia, Islandia y Alemania— lo hicieron acompañados de elevados niveles de formalidad, subsidios estratégicos, planificación territorial integral y un sólido diálogo social. México, en contraste, parece avanzar en dirección opuesta: primero propone el cambio y después, quizás, considerará el soporte necesario.
Si Sheinbaum pretende que esta reforma tenga un carácter histórico positivo y no catastrófico, debe reconocer la problemática fundamental: en México, la legalidad implica costos elevados, falta de apoyo institucional y condiciones desiguales. Reducir la jornada laboral sin reestructurar el modelo fiscal, sin abordar la informalidad y sin brindar apoyo efectivo a las PyMEs no constituye justicia laboral, sino un riesgo significativo para la supervivencia de miles de empresas.
Afirmar que "siempre es buen momento para apoyar al pueblo" resulta efectivo como eslogan político. Sin embargo, en la compleja realidad económica, el pueblo no solo está conformado por quienes reciben beneficios, sino también por quienes producen, arriesgan capital, generan empleo y contribuyen al sistema fiscal.
La cuestión fundamental no radica en si los trabajadores merecen disponer de más tiempo libre, sino en cómo lograr este objetivo sin desestabilizar la estructura productiva que lo hace posible.
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