Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, anunció que en los próximos días se desplegarán operativos especiales en Puebla capital para frenar la venta de autopartes ilegales. “Vamos a llevar a cabo en fechas próximas algunas operaciones en algunos puntos de la capital [...] ya tenemos el plan de operaciones”, declaró el funcionario, quien añadió que los trabajos se realizarán de manera coordinada con otras autoridades.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La decisión llega en un contexto de reiterada alarma ciudadana por el robo de autopartes, un delito que afecta tanto la economía personal como la percepción de seguridad. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 597 carpetas de investigación por este ilícito, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. De esos casos, 593 ocurrieron sin violencia.
Las estadísticas muestran un patrón sostenido: en todo 2024 se documentaron 1,665 casos, con apenas nueve denuncias por robo violento. La tendencia, lejos de disminuir, se ha trasladado también a municipios como San Andrés Cholula, donde el fenómeno comienza a replicarse.
Los artículos más buscados por los delincuentes van desde espejos laterales, rines, baterías y faros hasta llantas y computadoras automotrices. Las marcas más afectadas son Volkswagen, Chevrolet y Nissan, lo que apunta a un mercado informal con alta demanda y oferta.
El problema se agrava cuando las propias víctimas, frustradas por la ineficacia institucional o por razones económicas, acuden al mercado negro para reponer sus piezas. Esta dinámica reproduce el “círculo vicioso” del robo de autopartes, donde la falta de resultados alimenta la perpetuación del delito.
Ante este panorama, las autoridades estatales apuestan por la disuasión directa con operativos específicos, aunque sin revelar detalles logísticos para no comprometer su efectividad. Lo cierto es que, más allá del operativo, el fenómeno exige una respuesta integral: investigación de redes criminales, fiscalización de comercios y una mayor articulación entre la denuncia ciudadana y la acción institucional.
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