La candidata a magistrada Tania Contreras López no busca solo una silla en el poder judicial de Tamaulipas. Pretende hacerlo silenciando a la prensa, amedrentando periodistas y estableciendo un precedente peligroso: que quien aspire a impartir justicia pueda también dictar lo que debe o no publicarse.
CDMX - En semanas recientes, los periodistas Rodrigo Carvajal, director de Código Magenta, y el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, han sido blanco de una campaña judicial de censura sin precedentes. La razón: publicar investigaciones sobre los vínculos familiares y políticos de Tania Contreras con actores presuntamente ligados al crimen organizado y a redes de corrupción aduanera.
Ambos fueron denunciados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Tamaulipas por “violencia política en razón de género” y “calumnias”. El tribunal, compuesto en su mayoría por personas cercanas o subordinadas a la propia Contreras, dictó medidas cautelares inusitadas: ordenó retirar contenidos periodísticos, prohibió volver a nombrarla y amenazó con sanciones económicas o cárcel en caso de desacato.
La columna de Carvajal expuso que Juan José Contreras, primo hermano de Tania, fue alcalde de Hidalgo y ha gestionado recursos para la columna armada Pedro J. Méndez, brazo violento vinculado al Cártel del Golfo. Su líder, Octavio Leal Moncada, tiene orden de aprehensión federal. Por su parte, De Mauleón reveló que el cuñado de la candidata, Juan Carlos Madero Larios, fue acusado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, de encabezar una red de contrabando de combustibles desde la Agencia Nacional de Aduanas.
Ninguna de estas imputaciones ha sido desmentida. Y, sin embargo, el tribunal decidió que investigar y publicar hechos de interés público constituye violencia política. Un desvarío jurídico que desnaturaliza la defensa de los derechos de las mujeres y convierte el aparato judicial en instrumento de amedrentamiento político.
Un tribunal capturado
No es ilegal, pero sí inmoral, cuando se observa que la composición del tribunal que resolvió a favor de Contreras es un reflejo de la colonización política de la justicia en Tamaulipas:
- Selene López Sánchez, magistrada, es prima hermana de la denunciante.
- Ricardo Barrientos Treviño fue subordinado del esposo de Tania, José Luis Beas, subsecretario de Gobierno estatal.
- Iván Arroyo Villarreal y Blanca Hernández Rojas han sido señalados como incondicionales del grupo político que impulsa a Contreras.
Esta estructura judicial no solo avaló la censura, sino que lo hizo en nombre de los derechos políticos de las mujeres, en un gesto que pervierte el sentido de las garantías constitucionales y expone cómo los cacicazgos regionales están reconfigurando el Poder Judicial para controlar la “disidencia”.
La resolución judicial incluyó visitas domiciliarias para notificar a los periodistas. El INE compartió los datos personales de Héctor de Mauleón, y en menos de dos semanas, Código Magenta fue notificado 10 veces en oficinas y domicilios particulares. Se trata de un hostigamiento legalizado, cuya intención es intimidar y disciplinar al periodismo de investigación.
Más grave aún: Contreras solicitó al tribunal que se eliminen todas las publicaciones donde se le mencione y que se impida cualquier nueva referencia a su persona hasta después de la designación de magistraturas. En otras palabras, busca una mordaza previa para pavimentar su camino al poder judicial sin escrutinio público.
Lo que está en juego
Este no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema político que se desliza hacia la autocracia, donde los grupos de poder regional y nacional extienden sus tentáculos sobre el aparato de justicia para blindarse del escrutinio, perseguir a los críticos y controlar el relato público.
Si se consolida esta práctica, cualquier funcionario podrá decir: “eso no me gusta, bórralo y no me vuelvas a nombrar”. Así que lo que está en juego no es solo la libertad de expresión: es el derecho de la sociedad a estar informada, a fiscalizar a los aspirantes a jueces (en este caso), y a proteger la prensa como contrapoder.
Tanto Código Magenta como El Universal han decidido no ceder. En una democracia degradada, la resistencia de los periodistas se vuelve el último dique ante el autoritarismo. Si esta censura se permite, se institucionalizará la mordaza. Y cuando los jueces ya no permitan que se les critique, solo quedará el silencio.
Esta es una línea roja. Y ya ha sido cruzada.
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