La revocación de visados por parte del gobierno de Estados Unidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo Carlos Torres Torres no es un asunto diplomático menor ni consecuencia de un malentendido administrativo. Se ha confirmado que es el reflejo de investigaciones transfronterizas por delitos financieros que afectan directamente la relación bilateral entre México y EE. UU..
Lo anterior se desarrolla, mientras el gobierno estatal desvía la atención con narrativas paralelas. El pasado 30 de abril, autoridades estadounidenses retiraron físicamente la visa B2 (turismo) a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California. Días después, la misma suerte corrió Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ambos casos no responden a un acto rutinario, sino al resultado de investigaciones en curso por parte del Departamento de Estado y agencias fiscales y de seguridad de EE. UU. que señalan presuntas operaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico ilegal de combustible entre Texas y Baja California.
Las indagatorias, confirmadas por el semanario Zeta y expuestas por su directora Adela Navarro, se sustentan en hechos documentados: dos carpetas de investigación activas, una en México y otra en Estados Unidos. En el país vecino, el señalamiento contra Carlos Torres Torres es por conspiración para cometer delitos y lavado de dinero. En México, la Fiscalía General de la República lo investiga por su presunta participación en el tráfico ilegal de casi 800 mil litros de diésel descubierto en Ensenada el 26 de marzo, una operación que habría involucrado el uso irregular de aduanas para registrar el combustible como agua, aceite o desecho y así evitar el pago de impuestos.
El caso no es un tema menor. Involucra flujos financieros ilícitos, estructuras de evasión fiscal y manipulación de dependencias estratégicas como aduanas. En este contexto, el retiro de las visas es una medida preventiva, política y de seguridad por parte de EE. UU., destinada no sólo a evitar el ingreso de personas bajo sospecha, sino también a presionar o aislar a círculos cercanos a estructuras delictivas.
Sin embargo, mientras la atención internacional y federal se concentra en estos hechos, el gobierno de Baja California ha movido su estrategia hacia otra narrativa. El hallazgo de presuntas narcofosas en Tijuana, ocurrido el 14 de abril, ha sido presentado en medios como un hecho aislado de violencia local, pero también ha servido para desplazar la conversación pública. Aunque la investigación sobre las fosas es un asunto grave, no forma parte de la carpeta que sustenta la revocación de visas por parte de EE. UU. Su uso en medios nacionales, en cambio, ha generado una cortina de humo útil para desviar la atención de los delitos financieros investigados a nivel binacional.
Las fechas son claras: la revocación de los visados precede o ocurre en paralelo al descubrimiento del predio en Tijuana. No hay evidencia de que las narcofosas formen parte del expediente estadounidense. La gobernadora y su equipo, en cambio, han aprovechado el peso mediático del hallazgo para reposicionar el foco en la violencia local, donde pueden victimizarse o deslindarse con mayor facilidad, en lugar de enfrentar cuestionamientos sobre contrabando de hidrocarburos y lavado de capitales, delitos que conllevan consecuencias legales e internacionales.
En este escenario, hablar de narcofosas sin tocar el entramado fiscal y financiero bajo investigación es, literalmente, rascar un hoyo para tapar otro. La estrategia no cambia los hechos ni frena los procedimientos binacionales. Solo los oculta momentáneamente del foco público. Mientras tanto, la verdadera historia se sigue escribiendo en oficinas fiscales de Washington y despachos judiciales de Ciudad de México.
Si los tribunales estadounidenses encuentran elementos para judicializar el caso, estaríamos frente a una de las mayores crisis institucionales en la historia reciente de Baja California. La pregunta que ya se cierne sobre el ánimo social es inevitable: ¿en manos de quién están los bajacalifornianos? ¿Quién ejerce el poder en el estado mientras el entorno familiar y político más cercano a la gobernadora es señalado por delitos que vulneran la soberanía, las finanzas públicas y la relación internacional con el principal socio comercial del país? Más allá de la coyuntura mediática, lo que se define aquí es el nivel de confianza que puede o no puede depositarse en un gobierno bajo sospecha, más preocupado en administrar la narrativa que en enfrentar la verdad.
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