El centro de Atlixco registró una protesta que escaló más allá de las consignas. Lo que comenzó como una manifestación de presuntos comerciantes indígenas y ambulantes organizados por el grupo de Guillermo Romero Pérez, terminó en una jornada de violencia, destrozos y temor ciudadano.
ATLIXCO, PUEBLA. — Los manifestantes llegaron desde entidades como Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México, según testimonios. La demanda principal: ocupar más de medio centenar de espacios en el zócalo de Atlixco para vender sus productos.
“Ya los había recibido la presidenta Ariadna Ayala, pero no estaban de acuerdo en que no les quisieran dar todos los espacios que piden”, relata una comerciante formal del primer cuadro. Esa inconformidad derivó en una protesta agresiva frente al Palacio Municipal.
Parte del grupo actuó con prepotencia: tiraron basura en jardineras, dañaron macetas, pisotearon plantas y se negaron a desalojar las bancas pese a los llamados de autoridades locales. Algunos incluso avanzaron hacia el zócalo con palos y piedras.
“No son comerciantes pobres, son grupos de choque, vienen a agredir, no a vender”, señala un ciudadano entrevistado mientras cerraba su negocio “por precaución”.
La presidenta municipal Ariadna Ayala se encuentra en una posición delicada. Por un lado, enfrenta la exigencia de ambulantes organizados que buscan instalarse a la fuerza; por otro, la presión de la ciudadanía que exige orden y el respeto al comercio establecido.
“Si cede, se verá como débil; si reprime, como autoritaria”, comenta un analista local. La presencia oportuna del gobierno estatal es, hasta ahora, limitada.
Ante la amenaza de bloqueos en carreteras federales y autopista, crece la expectativa de una intervención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque no se ha confirmado aún un operativo coordinado.
El nombre de Guillermo Romero Pérez vuelve a aparecer como supuesto organizador de los manifestantes. Su grupo ha sido vinculado en otros municipios con tácticas similares de presión: ocupar espacios públicos bajo el amparo de causas sociales, para después negociar cuotas políticas o económicas.
Lo que sucede hoy en Atlixco no es un hecho aislado. Es parte de una problemática donde el ambulatantaje, la identidad indígena, la pobreza y el clientelismo político se entrecruzan. Sin una estrategia clara, con gobernantes acorralados y con estructuras de presión violentas, los municipios quedan atrapados entre el miedo y la improvisación.
Por el momento ha sido cerrada la carretera federal Puebla - Atlixco y Boulevard Dr. Y Gral Rafael Moreno a un lado del Hospital de Atlixco.
¿Quién controla el espacio público? ¿Quién tiene derecho a la calle? ¿Y quién paga el costo político de mantener el orden? En Atlixco, las respuestas aún están por construirse. Lo que ya está claro es que la protesta dejó de ser pacífica y el conflicto, de ser local.
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