El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha decidido abrir la caja de Pandora de las viejas administraciones: “Ya le pedimos a la Fiscalía, al Coordinador de Gabinete y a la Secretaría Anticorrupción que revisen la carpeta”. Con estas palabras, el mandatario promete ir al fondo de lo que considera una herencia envenenada: obras emblemáticas convertidas en símbolos de deuda y corrupción.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El caso que más indignación le ha provocado, es el Museo Internacional Barroco. Este edificio, inaugurado en 2016 con bombo y platillo, se ha convertido —en sus palabras— en “un monumento a la corrupción”. Los datos que compartió son reveladores: Puebla paga cada año 500 millones de pesos a una empresa privada para usufructuar un museo que, paradójicamente, “no es de los poblanos”. A esto se suma el pago mensual de un millón de pesos por mantenimiento al Centro Integral de Servicios (CIS). En total, el costo acumulado alcanza cifras multimillonarias que comprometen las finanzas estatales hasta el año 2040.
“Nos heredaron un mega fraude y una mega deuda”, subrayó Armenta. Pero más allá de la indignación, el gobernador ha sido parco en detalles sobre cómo revertir este modelo. ¿Se expropiará el inmueble? ¿Se revisará el contrato de prestación de servicios? ¿Se llamará a cuentas a exfuncionarios? Hasta ahora, la única certeza es que el pago millonario sigue corriendo cada año mientras el edificio permanece en manos privadas.
Pero el Museo Barroco no es el único expediente abierto. Armenta mencionó que su administración detectó irregularidades en áreas tan sensibles como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, el Catastro y la Secretaría del Medio Ambiente. Según el gobernador, se han iniciado investigaciones internas y ya existen algunas sanciones. Sin embargo, tampoco ofreció nombres de funcionarios señalados ni detalles sobre las carpetas de investigación. La falta de transparencia en estos procesos alimenta la sospecha de que el discurso anticorrupción podría convertirse en un simple ejercicio de control político y no en una verdadera depuración institucional.
La narrativa de Armenta es poderosa: un gobierno que “levanta una piedra” y encuentra corrupción en cada rincón. Pero el verdadero reto comienza ahora: traducir las denuncias en acciones concretas, transparentar los procesos y sancionar a los responsables. Hasta hoy, las cifras son las que más llaman la atención: 500 millones de pesos anuales al Museo Barroco, un millón de pesos mensuales en mantenimiento del CIS, y una deuda que no se extinguirá hasta el 2040. Todo esto en un estado que enfrenta rezagos en salud, educación y seguridad pública.
Armenta subrayó que los gobiernos de Morena son “autocríticos” al señalar que no se solapan las irregularidades, incluso si estas provienen de administraciones emanadas del mismo partido. Mencionó el caso de Banco Accendo —la institución financiera a la que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta depositó recursos estatales y que posteriormente quebró— como un ejemplo de que en Morena no se tolera la corrupción. “El mismo trato que se da a cualquier gobierno que haya incurrido en patrimonialismo se aplica sin distinción”, dijo Armenta, en un intento por desmarcarse de las prácticas opacas de sus predecesores.
Alejandro Armenta ha puesto el dedo en la llaga de las deudas históricas que Puebla arrastra desde gobiernos pasados. Pero el verdadero combate a la corrupción exige más: se necesita un ejercicio de justicia con nombre y apellido, auditorías, datos públicos y un compromiso de transparencia. De lo contrario, la piedra que levante el gobernador podría convertirse en un cristalazo a su propia administración.
0 Comentarios