¿En Puebla los delitos digitales se combaten con prisas legislativas, conceptos ambiguos y agendas personales disfrazadas de víctimas vulnerables? Parece que sí. La última muestra de esta simulación institucional es la iniciativa que reforma el Código Penal del Estado, impulsada en apariencia por el diputado Mauricio Céspedes Peregrina, pero atribuida política y operativamente al exdiputado y actual coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra.
La reforma propone penalizar el “ciberasedio” mediante un tipo penal que castiga a quien use redes sociales o tecnologías digitales para “insultar, injuriar, ofender o vejar” a una persona, si ello le causa daño físico o emocional. La pena: de 11 meses a 3 años de prisión, agravándose a 5 años si la víctima es menor de edad.
El problema no es que se busque combatir la violencia digital —eso es legítimo— sino cómo se define, con qué fines se hace y qué se omite. El nuevo delito está redactado con una vaguedad jurídica que contradice los principios más elementales del derecho penal moderno. ¿Qué significa “vejar”? ¿Cuándo una ofensa digital alcanza el umbral penal? ¿Qué distingue una crítica severa de un acto delictivo?
La jurisprudencia vigente y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser clara, necesaria, proporcional y legalmente previsible (test tripartito del artículo 13). La redacción de García Parra y Céspedes Peregrina no pasa ese test. En cambio, habilita al Estado para castigar lo que le incomode, especialmente si quien expresa es periodista, activista o usuario incómodo en redes.
¿José Luis García Parra es el nuevo rostro que va a dar forma a los viejos “coscorrones” a la prensa?
El componente más descarado del dictamen es su carácter híbrido y oportunista. El texto aprobado no nace de una discusión orgánica o técnica, sino de la fusión de dos iniciativas: una presentada en 2024 por García Parra, y otra supuestamente nueva del diputado Mauricio Céspedes, quien no sabe leer pero le dan comezón las manos para censurar desde el poder. El propio Céspedes lo reconoce: su versión “fortalece” la de su excompañero, y ambas se aprueban “por principio de concentración”.
En otras palabras, la reforma es un refrito político envuelto en discurso jurídico, donde el legislador formal apenas funge como vehículo de una agenda superior. No hay análisis de impacto, ni consulta con juristas, ni participación de expertos en derechos digitales, salud mental o libertad de expresión.
Más aún, lo que se intenta aprobar combina bajo un mismo paquete el ciberasedio, la usurpación de identidad, el engaño digital con menores, el phishing financiero y el espionaje cibernético. Cada uno de estos fenómenos tiene causas, víctimas, contextos y tratamientos distintos. Meterlos en un solo saco revela pereza legislativa y vocación punitiva.
La incorporación de figuras como la “usurpación de identidad” no es en sí reprobable. Lo es cuando se hace sin control constitucional ni técnica legislativa. El artículo 258 Ter, que se propone adicionar, incluye agravantes que rayan en la discriminación: si el autor tiene estudios en informática, la pena se agrava. ¿Desde cuándo estudiar tecnología convierte a alguien en criminal agravado?
Peor aún, el delito se configura si se produce “daño moral”, un concepto jurídico tan indeterminado que ha sido fuente constante de abuso en litigios contra periodistas y medios críticos.
Es aquí donde el contexto importa. Puebla vive bajo la hegemonía política de un grupo donde el Congreso, la Fiscalía y la mayoría de los tribunales están alineados con el Ejecutivo. Si a eso se suma un paquete penal ambiguo y extensible, el resultado es claro: una herramienta legal de disuasión, censura y castigo.
La iniciativa no busca proteger a las víctimas de la violencia digital. Busca construir una narrativa de seguridad para el grupo en el poder y justificar el endurecimiento del aparato punitivo local. Lo hace con cifras sueltas, sin diagnósticos reales, y con un claro objetivo: desactivar las voces incómodas que han migrado al terreno digital, ahora que los medios tradicionales están domesticados o amenazados.
Mauricio Céspedes Peregrina es una circunstancia. José Luis García Parra, no. Él, es un proyecto que está construyendo, primero, al próximo candidato a alcalde de Puebla por Morena. Por eso la reforma que podría aprobarse este jueves no se trata sobre si Morena puede legislar y qué puede legislar —eso ya lo sabemos—, sino sobre el “blindaje” que pretende construirse en torno al proyecto político que García Parra representa. Sólo hay un pequeño detalle: cada acción deja huella y más si el Código Penal se usará como bozal.
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