El Congreso del Estado de Puebla aprobó el pasado 12 de junio una reforma al Código Penal local que incluye la tipificación del delito de “ciberasedio”. La iniciativa, impulsada por el entonces diputado José Luis García Parra (Morena), fue avalada sin mayor deliberación pública en una operación fast-track.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La nueva figura penal ha sido calificada por académicos, activistas, defensores de derechos humanos, partidos opositores, periodistas y colectivos ciudadanos como una ley mordaza, una norma ambigua, inconstitucional y peligrosa, diseñada no para proteger a víctimas de violencia digital, sino para perseguir la crítica, castigar la denuncia ciudadana y disuadir el ejercicio libre de la palabra en redes sociales.
El artículo 480 del Código Penal, recién adicionado, establece lo siguiente:
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de tecnologías de la información y la comunicación [...] insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.”
La sanción impuesta: de 11 meses a 3 años de prisión, además de multa económica significativa. Si la víctima es menor de edad, el daño se presume y la pena se agrava automáticamente.
Conceptos como “ofensa” o “injuria” no están objetivamente definidos; su aplicación depende de la interpretación subjetiva de autoridades y jueces, abriendo la puerta al castigo de la crítica política.
El principal promotor de esta reforma, José Luis García Parra, quien forma parte del bloque político que hoy se reconfigura dentro de Morena bajo el paraguas del gobernador Alejandro Armenta.
Lejos de ser un proyecto de protección ciudadana, la Ley de Ciberasedio parece ser un instrumento de control político, aprobado sin debate público y sin parlamento abierto.
El rechazo es prácticamente generalizado, es la sociedad contra la censura.
- Gobierno federal: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó cualquier intento de censura. Reconoció los foros, pero insistió en que la libertad de expresión es irrenunciable.
- Consejo Ciudadano de Xoxtla: Calificó la ley como anticonstitucional y llamó a no legitimar foros de simulación. Exigen su derogación total.
- Partido Acción Nacional: Anunció una batalla legal. Calificó la ley como ambigua y censora, alertando sobre su uso contra periodistas y activistas.
Desde el punto de vista jurídico, especialistas consultados por Región Global, señalan que el artículo 480 viola principios fundamentales del derecho penal:
- Taxatividad: la ley penal debe ser clara. Esta no lo es.
- Proporcionalidad: criminaliza expresiones sin distinción entre acoso y crítica.
- Libertad de expresión: contradice el artículo 6º constitucional y tratados internacionales.
La Suprema Corte de Justicia ha invalidado normas similares en el pasado por razones similares.
En realidad, lo que está en juego es la democracia digital.
En un país donde las redes sociales son el último bastión de crítica ciudadana, legislar sin garantías equivale a darle al poder una herramienta para silenciar a su conveniencia.
Esta ley —aunque disfrazada de defensa contra el acoso— criminaliza el derecho a expresarse y deteriora la democracia local.
Las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta, que intentan justificar la Ley de Ciberasedio bajo el argumento de que una norma puede aprobarse primero y discutirse después, representan una distorsión peligrosa del proceso democrático. Legislar primero y consultar después es una forma de simulación institucional, no de participación ciudadana. Sostener que los foros servirán para “explicar beneficios” o “enriquecer” la ley es reconocer que el Congreso actuó sin diagnóstico, sin deliberación pública y sin escuchar a las voces afectadas.
Incluso, si Puebla enfrenta altos índices de delitos digitales, eso no justifica legislar con conceptos vagos que permiten perseguir la crítica o inhibir el disenso. En vez de proteger a las víctimas reales del ciberacoso, la ley aprobada por la LXII Legislatura y defendida por Armenta castiga la palabra y empodera al censor, debilitando el tejido democrático bajo el pretexto de la ciberseguridad.
La Ley de Ciberasedio no es un error técnico. Es un acto político deliberado. Su rechazo unánime fuera del bloque oficialista lo confirma.
Revisarla no basta. ¡Debe derogarse!
0 Comentarios