Edgardo López Robles, columnista y analista político, ha sido denunciado por presunta violencia política contra las mujeres, luego de publicar una columna crítica hacia Guadalupe Vargas Vargas, diputada local y exalcaldesa de Xicotepec, así como a su padre, Ardelio Vargas Fosado, actual Subsecretario de Gobernación del estado de Puebla.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La denuncia, presentada ante autoridades electorales, se suma a un entorno de hostigamiento que el propio columnista ha denunciado públicamente, incluyendo un episodio reciente de intimidación por parte de un hombre armado en Huauchinango, presuntamente vinculado a una corporación policial del municipio de Juan Galindo.
Lo que convierte este caso en un hecho preocupante para la libertad de expresión es que Guadalupe Vargas Vargas aparece como coautora y promovente de la reforma penal aprobada por el Congreso de Puebla el 12 de junio de 2025. Esta reforma, impulsada por legisladores de Morena y partidos aliados, incluye la figura de “ciberasedio”, definida como toda expresión que a través de redes sociales u otros medios digitales “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona de forma reiterada, con el fin de causarle daño emocional o físico.
Artículo 480 del nuevo Código Penal poblano: sanciona con hasta 3 años de prisión y multas elevadas a quien incurra en estas conductas. Aunque busca prevenir violencia real en entornos digitales, su redacción es tan amplia que puede ser utilizada para perseguir expresiones críticas, incómodas o simplemente contrarias al poder político.
En la columna motivo de la denuncia, López Robles cuestiona el uso instrumental del feminismo por parte del grupo político que encabezan los Vargas, describiéndolo como una estrategia para mantener el control de Xicotepec a través de redes familiares y clientelares. El columnista aseguró en sus redes sociales que “en vez de debatir lo que escribí, optaron por denunciarme”.
El caso se inscribe en una tendencia preocupante: la conversión del discurso de género en herramienta de silenciamiento, particularmente cuando es empleado por figuras con poder político real. Aquí, no se trata de proteger a víctimas de violencia, sino de blindar a quienes ostentan el poder, frente al ejercicio legítimo de la crítica.
El nuevo marco legal aprobado por el Congreso local —bajo el pretexto de proteger a usuarios digitales— incluye también los delitos de usurpación de identidad (Art. 258 Ter) y espionaje digital (Art. 479). Pero es el tipo penal de ciberasedio el que podría tener efectos especialmente nocivos sobre la libertad de prensa y opinión:
- Castiga cualquier mensaje reiterado que cause daño emocional, sin necesidad de probar amenazas o lenguaje explícitamente violento.
- Permite interpretaciones amplias que pueden convertir el periodismo crítico en un delito.
- Otorga ventajas legales a figuras públicas que, por su exposición, son sujetos naturales de escrutinio.
El caso de Edgardo López Robles no es aislado. Es el primer caso en Puebla donde una figura política que impulsó una ley penal aparece como beneficiaria directa de su aplicación, contra un periodista que la cuestionó. Se trata, por tanto, de un ejemplo claro de cómo el poder político puede crear su propia coraza legal contra la crítica pública.
El analista ha sido respaldado por la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y ha alertado sobre los riesgos de esta legislación ambigua. López Robles ha declarado: “no me voy a callar, seguiré denunciando lo que pasa en Xicotepec”.
El uso de figuras penales como el ciberasedio o la violencia política de género, sin un análisis riguroso del contexto, puede terminar por convertir a las leyes de protección en instrumentos de censura disfrazada. Cuando una diputada que promovió una reforma penal es quien denuncia a un periodista que la critica, no estamos ante un acto de justicia: estamos frente a una embestida contra la democracia.
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