Es evidente a simple vista, en cada lugar y en todo momento: Alejandro Armenta Mier carga solo el peso político de la "Ley Censura" (Ciberasedio). Lo acompañan sus operadores (políticos y de medios) pero nada pueden hacer, nada han hecho, más que llenarlo de problemas.
No es lo mismo ser el Llanero Solitario que el gobernador solitario. El primero cabalgaba con admiración después de impartir justicia; el segundo se encuentra atrapado en un lodazal, cargando solo las consecuencias de decisiones que, ironía, no tomó en soledad. Alejandro Armenta Mier está viviendo la diferencia de héroe a villano, aunque el discurso es por la justicia. El gobernador de Puebla, apenas con seis meses en el cargo, se ha convertido en el rostro visible —y el único responsable— de una de las decisiones más controvertidas de su administración: la reforma de ciberseguridad que ha sido rebautizada por la ciudadanía como la "Ley Censura".
En las redes sociales, donde se libra la verdadera batalla de la opinión pública del siglo XXI, las cifras son demoledoras: ocho de cada diez reacciones —incluyendo aquellas generadas por bots operados para defenderlo— son adversas al mandatario poblano. No es solo una crisis de comunicación; es un desplome reputacional que trasciende las fronteras estatales y lo coloca ya en el ojo del huracán nacional.
Las cámaras no mienten, y en la reciente reunión del Consejo Estatal de Morena, la imagen de Armenta Mier resultó más elocuente que cualquier filtración. Exhausto, abrumado, el gobernador mostraba los signos inconfundibles de quien carga un peso que no dimensionó al aceptarlo. Sus declaraciones defensivas —"Respetamos la libertad de expresión... tomo la crítica siempre como algo positivo"— sonaban más a justificación que a convicción política.
Era la imagen de un hombre que ha descubierto, quizás no demasiado tarde, que en política no basta con tener razón; hay que parecer que se tiene razón. Y en esa batalla crucial de las percepciones, Armenta está perdiendo de manera estrepitosa. Alguien se lo tiene que decir.
Laura Artemisa ha enviado una declaración: que "sólo van a cambiar la redacción”, que no van a derogar el artículo 480 del Código Penal de Puebla. La pregunta es: ¿Se puede domar la tormenta con ajustes cosméticos, ignorando que lo que está en juego es mucho más profundo que algunos párrafos mal redactados?
Esta postura intransigente garantiza que las expresiones de inconformidad van a continuar, principalmente en redes sociales, precisamente el territorio donde el gobierno poblano ha demostrado estar perdiendo la batalla. Es una estrategia que parece diseñada para hacer daño político a Armenta mientras los “otros” responsables mantienen sus posiciones intactas.
En este escenario, resulta particularmente llamativo el mutis que han hecho los partidos de oposición tradicionales. PAN y PRI, que deberían estar capitalizando políticamente esta crisis, han optado por un silencio que huele a cálculo político. ¿Alguien sabe de Mario Riestra, o de su hermana diputada Susy Riestra? ¿Saben dónde se ha metido el senador y “líder” priista Nestor Camarillo? Su ausencia del debate ha dejado un vacío que la ciudadanía ha llenado con su propia voz, convirtiendo esta controversia en algo más poderoso y peligroso para el oficialismo: una lucha ciudadana por los derechos de libertad digital.
Esta evolución del conflicto es fundamental. Ya no se trata de oficialismo versus oposición, sino de oficialismo versus ciudadanía. Y en esa ecuación, el gobierno poblano parte con una desventaja estructural que ninguna estrategia de comunicación puede revertir.
Armenta Mier se encuentra en la posición más incómoda que puede ocupar un político: ser el único responsable visible de una decisión impopular mientras quienes la diseñaron y operaron permanecen cómodamente en las sombras. Es el precio de un liderazgo que no supo dimensionar las consecuencias de esta decisión y que —a pesar de su enorme experiencia— ahora descubre que en política, como en la vida, el poder rara vez se comparte, pero las consecuencias siempre se personalizan.
Mientras tanto, en las redes sociales —ese territorio digital que Armenta pretende regular—, la ciudadanía sigue escribiendo su veredicto con cada click, cada compartido, cada comentario adverso. Y en esa corte de la opinión pública, el gobernador de Puebla está perdiendo el juicio más importante de su carrera política: el de su propia credibilidad.
Armenta tiene que recordar que: El poder en solitario no es poder; es apenas la ilusión de quien cree que puede gobernar contra la voluntad de los gobernados.
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