Por estos días es recurrente leer textos que circulan en redes y ciertos medios digitales que pretenden revelar redes de corrupción. Con un estilo que presumen de "indignación" y "valentía", prometen nombres de funcionarios, y describen procedimientos de "auditorías" dignos de novela policiaca.
Llegó a nuestro correo una lectura que aparentemente denuncia una "red de corrupción en Finanzas". Más allá del carácter "anónimo" del correo, inicialmente procedimos a una lectura básica y arroja, digamos, debilidades periodísticas con el fin de hacer un daño determinado a actores de la administración pública del gobierno de Puebla.
No hacemos eco del contenido, entre otras muchas razones, por lo siguiente:
Ausencia de pruebas documentales: Ni un solo folio, oficio, resolución, o documento oficial que respalde las afirmaciones. Todo está sostenido en el terreno de los dichos.
Generalidades difusas: Textos que hablan de "red de moches" y "arreglos" sin explicar cómo se materializan ni quién los ejecuta concretamente. ¿Qué expedientes? ¿Qué procedimientos? ¿Qué auditorías? Puro bla, bla, bla.
Uso de estructuras imprecisas: Frases como "se han identificado diversas prácticas" o "se acordó con el subsecretario" se usan como comodines para eludir la precisión o el rigor mínimo. ¿A quién se identificó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Ausencia de contexto: Textos que no explican procedimientos legales vigentes ni la normativa fiscal que regula, por ejemplo, las auditorías.
Concluimos que la intención del texto, quien quiera que sea el autor, no es informar, o denunciar, sino confundir. Así, el lector no sabe si el acto señalado es realmente ilegal o si se trata de una interpretación sesgada.
Estas debilidades profesionales evidencian que no estamos ante un trabajo de periodismo de investigación, sino ante un intento de chantaje disfrazado de denuncia.
No es extraño. No es la primera vez que el periodismo es utilizado como herramienta para obtener beneficios indebidos: pagos, favores, contratos, posiciones o silencios. Se trata de una práctica lamentable que devalúa el oficio y engaña a la ciudadanía.
Porque el periodismo serio no funciona a base de dichos ni de "me contaron que". Funciona con documentos, entrevistas verificadas, contrastes de fuentes, contexto normativo y derecho de réplica. Cuando alguien usa la pluma para obtener algo a cambio, deja de ser periodista y se convierte en mercader, vendiendo la dignidad profesional al mejor postor.
En la Puebla de hoy —y en cualquier ámbito que se respete— el periodismo debe ser sí una herramienta de fiscalización que acompañe a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y la opacidad. Pero ese periodismo exige, antes que nada, un compromiso ético y profesional: no se publica lo que se oye en un café, lo que "me contaron", ni lo que se inventa en un chat. Se publica lo que se investiga, se prueba y se contrasta.
Por eso, cada vez que alguien pretende usar la "denuncia" como coartada para obtener beneficios, debe ser desenmascarado. No para callar la crítica legítima, sino para defender el periodismo como lo que es: un pilar democrático que se debe a la verdad, no al charoleo ni a la extorsión.
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