En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre la controvertida Ley de Ciberasedio aprobada por el Congreso de Puebla. Su respuesta fue prudente, medida, pero también profundamente ambigua. “No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, dijo.
CIUDAD DE MÉXICO.— Sheinbaum, lo que no hizo, fue condenar abiertamente la ley, ni exigir su derogación, ni deslindarse del gobernador Alejandro Armenta, promotor de la norma. Su posición, lejos de marcar distancia, fue una simulación calculada.
Sheinbaum reconoció conocer la existencia de los foros convocados por Armenta, lo que confirma que estaba informada sobre la ley incluso antes de su viaje reciente a Canadá para el G7. Pese a ello, esperó hasta ser cuestionada públicamente para emitir una postura ambigua y genérica, sin exigir acciones correctivas ni marcar límites concretos a sus aliados locales.
Al mencionar espontáneamente los foros sobre la Ley de Ciberasedio, Sheinbaum demostró que estaba al tanto del tema antes de su conferencia. Sin embargo, cuando se le aclaró que los foros eran solo para explicar la ley y no para reformarla o derogar, optó por reiterar su rechazo abstracto a la censura sin entrar en detalles. Esa omisión no es menor: el problema no es si se promueve la censura en abstracto, sino si su gobierno tolerará que los Congresos de su partido criminalicen la crítica.
La pregunta es inevitable: ¿defiende realmente la libertad de expresión o solo la invoca cuando le resulta políticamente inocua?
Campeche: un espejo incómodo
La ambigüedad presidencial se agudizó cuando se le planteó el caso del periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, vinculado a proceso por “discurso de odio” tras criticar a la gobernadora Laida Sansores. A él no solo se le prohibió ejercer el periodismo, sino que se le impuso una multa de 2 millones de pesos.
La presidenta respondió con un recurso clásico: “No conozco exactamente la situación”. Pero en seguida reiteró que “todo lo que coarte la libertad de expresión no debe ser castigado, y menos penalmente”. La contradicción quedó al aire: ¿cómo puede estar garantizada la libertad de expresión si un periodista es castigado con medidas propias de un Estado autoritario?
La presidenta no puede alegar ignorancia. Conocía el caso Puebla y fue informada del caso Campeche. Pese a ello, evitó tomar una postura firme. No se pronunció a favor de la derogación de la ley. No condenó el uso del derecho penal para perseguir el periodismo. No exigió acciones a sus gobernadores. Su postura fue, en los hechos, una negación de responsabilidad política.
Mientras el discurso presidencial se viste de libertades, las legislaturas morenistas en los estados avanzan en sentido contrario: criminalizan la crítica, censuran por decreto y castigan la palabra con prisión. La Ley de Ciberasedio es solo el síntoma de un modelo más amplio: el de un autoritarismo fragmentado que opera desde lo local mientras el centro se mantiene formalmente en el margen.
La libertad de expresión no se garantiza con frases en conferencias, sino con acciones institucionales. La presidenta Sheinbaum eludió esa responsabilidad. No desautorizó la ley, no defendió al periodista procesado en Campeche, no confrontó a sus aliados políticos. Su postura fue tan medida que terminó siendo cómplice por omisión.
En un país donde la censura ya no necesita ser oficial, sino judicial o legislativa, el silencio del poder central es la forma más eficaz de validación política. Y mientras las leyes mordaza se multiplican en los estados, lo que está en juego no es solo el discurso: es la democracia misma.
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