La autopista México–Puebla volvió a ser escenario de un hecho atroz que retrata la inseguridad y la descomposición institucional que azotan a las carreteras del país. Un trailero —víctima de un intento de asalto a mano armada— logró escapar de sus agresores malherido, sólo para encontrar, minutos después, la indiferencia y la burocracia de la Guardia Nacional, que lo trató como infractor en lugar de brindarle el auxilio que desesperadamente necesitaba.
Puebla de Zaragoza, Pue.- De acuerdo con testimonios recabados por Región Global, el conductor herido —quien pidió omitir su nombre por temor a represalias— fue interceptado por hombres armados que pretendían despojarlo de su unidad. Con un disparo en el cuerpo logró huir y condujo herido hasta la caseta más cercana, donde encontró dos patrullas de la Guardia Nacional estacionadas.
Lo que vino después desvela el rostro más cruel y burocrático de las autoridades: al bajarse de la unidad y clamar por ayuda, los oficiales de la Guardia Nacional —en lugar de prestarle auxilio médico, asegurar el perímetro o activar un protocolo de emergencia— le indicaron que estaba mal estacionado y procedieron a levantarle una infracción. Para rematar, solicitaron una grúa para remolcar su camión, ignorando su condición crítica.
La escena es, a todas luces, indignante: un trabajador del volante que acababa de salvar la vida de un asalto armado es, en cuestión de minutos, tratado como un delincuente menor por la misma autoridad que, en teoría, debería protegerlo. La doble victimización no sólo exhibe la insensibilidad y la deshumanización de las fuerzas de seguridad, sino también la alarmante normalización de la violencia en la autopista más transitada del país.
Lejos de ser un caso aislado, este episodio evidencia la profunda descomposición institucional que afecta a los cuerpos de seguridad federales. Mientras la delincuencia organizada campea en las carreteras con robos, secuestros y asesinatos, las víctimas tienen que enfrentarse a un aparato burocrático que antepone el papeleo y la recaudación de multas a la vida humana.
Este hecho, se suma a una larga lista de agravios que ponen en entredicho la efectividad del despliegue de la Guardia Nacional y su capacidad para cumplir su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El trailero, herido y remolcado, representa a miles de mexicanos que, además de enfrentar la violencia criminal, deben encarar la violencia administrativa de una autoridad que, por omisión o por indiferencia, termina siendo cómplice del desamparo. Una paradoja brutal: en lugar de proteger a las víctimas, el Estado las revictimiza.
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