La historia del Museo Internacional Barroco (MIB) en Puebla no es sólo la de una obra arquitectónica suntuosa e incomprendida. Es, sobre todo, la historia de un contrato que durante nueve años sangró las finanzas públicas del estado con una fórmula legal tan hermética como eficiente: una Asociación Público Privada (APP) que fue concebida para parecer cualquier cosa menos deuda pública.
El gobierno de Rafael Moreno Valle firmó este acuerdo en 2016. A la fecha, el gobierno de Puebla había pagado ya 3 mil 974 millones de pesos, y de no haberse hecho nada, habrían sido 10 mil millones más hasta 2039. El costo total del contrato se estimaba en alrededor de 14 mil millones de pesos.
El reciente anuncio del gobernador Alejandro Armenta sobre las negociaciones para la liquidación anticipada del contrato —por 2 mil millones de pesos— representa, en números duros, un ahorro de 8 mil millones de pesos para el erario estatal. El MIB pasará formalmente a ser propiedad pública, libre de obligaciones futuras. Hasta aquí, el hecho.
Pero el fondo del asunto no está en la renegociación, sino en el contrato mismo. Desde su origen, el acuerdo se estructuró para ser jurídicamente inatacable. Ni gobiernos anteriores ni órganos de fiscalización pudieron romperlo o revisarlo a fondo. Eso cambió ahora, gracias a una cláusula de terminación anticipada que había permanecido dormida en la letra pequeña. Que esa cláusula exista y no se haya invocado antes es, en sí misma, una forma de responsabilidad política.
El gobernador ha dicho que se investigará a quienes se beneficiaron indebidamente de ese contrato (y otros más). Y aquí aparece el dato que marca la transición de lo administrativo a lo político, un apellido: Moya.
No pierda este dato de vista. En un estado donde los contratos con sobreprecio han estado ligados históricamente a redes de poder empresarial y político, la sola mención de "Moya", no es una acusación, sino una pista que está cobrando fuerza sobre los beneficiarios de onerosos contratos que pasaron a formar parte de la deuda pública de Puebla.
¿Quién es Moya? ¿Funcionario? ¿Intermediario? ¿Estructurador financiero del contrato? ¿Vinculado al grupo empresarial que operó tras bambalinas durante el sexenio morenovallista? Los iniciados lo saben, es en el mejor de los casos, todo lo anterior (...) y más.
En unos días más es probable que el gobernador Alejandro Armenta abra una puerta para reconstruir la trama de intereses que convirtieron un proyecto cultural en una carga presupuestal multigeneracional.
Lo relevante ahora no es sólo haber liquidado el contrato. Es que, por primera vez, se preparan investigaciones. ¿La promesa se sostendrá con hechos? Puebla necesita más que auditorías a la gestión de Rafael Moreno Valle y administraciones posteriores: Por ahora necesita entender quién diseñó la arquitectura legal que blindó financieramente una obra (como tantas otras) que nunca se discutió socialmente y comprometió el presupuesto público por sexenios.
El Barroco fue siempre un arte del exceso, del detalle recargado, de las formas que desvían la vista del fondo. También fue una manera de esconder —entre espejos y ornamentos— la lógica real del poder. En Puebla, esa lógica dejó huellas visibles: museos vacíos, contratos inatacables y un apellido que, tal vez, empiece pronto a resonar en más de un expediente.
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