Irene Olea Torres, exalcaldesa morenista de Izúcar de Matamoros, ha sido finalmente vinculada a proceso por el delito de intimidación contra testigos protegidas en un caso que evidencia el funcionamiento represivo de ciertos gobiernos municipales en Puebla. Pero el fallo judicial que la excluye de cargos por falsificación de documentos y declaraciones falsas, deja dudas graves sobre la imparcialidad del sistema de justicia federal.
Puebla de Zaragoza, Pue.- En marzo de 2023, las periodistas Natalie y Michelle Hoyos fueron detenidas de manera ilegal, torturadas y amenazadas por policías municipales de Izúcar de Matamoros. Documentaban la manifestación del Día Internacional de la Mujer cuando fueron objeto de represión directa. Un año después, y con 12 tomos de pruebas integradas por la FGR, se acredita que su detención fue encubierta mediante la falsificación de documentos y la emisión de declaraciones falsas por parte de servidores públicos.
Los hechos no están en disputa: cinco policías y un exjuez municipal ya fueron vinculados a proceso por los delitos de alteración de documentos y falsedad ante autoridad. Más aún, la Fiscalía presentó 49 elementos de prueba contra Irene Olea, entre ellos la participación de testigos que relataron persecuciones y amenazas por parte de la policía local. Una de estas testigos protegidas, Socorro Barreda, fue asesinada antes de rendir declaración judicial. El caso, por tanto, no sólo trata de tortura: trata de encubrimiento sistemático, represión y muerte.
Este lunes 17 de junio, el juez federal Jorge Eduardo Ramírez Téllez vinculó a proceso a Irene Olea únicamente por el delito de intimidación. Rechazó sin mayor justificación procesar a la exalcaldesa por falsificación de documentos y declaraciones falsas, pese a que ya existen imputaciones formales contra funcionarios subordinados por esos mismos hechos. La defensa de las víctimas ya anunció que apelará el fallo, mientras la FGR insiste en que la responsabilidad de la exalcaldesa fue directa, y no sólo por omisión.
Las periodistas, sus representantes y la opinión pública señalan con razón una incongruencia judicial insalvable: si Irene Olea no participó en la falsificación ni en la detención, ¿por qué está vinculada por intimidar a testigos cuya única función era relatar cómo ella —presuntamente— ordenó el encubrimiento? El razonamiento jurídico del juez Ramírez Téllez parece desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones.
No es la primera vez que el juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez aparece en el centro de una polémica jurídica. En agosto de 2023, fue exhibido desde Palacio Nacional por el entonces subsecretario de Seguridad, Luis Rodrigo Bucio, como un funcionario judicial con seis expedientes de resoluciones favorables a presuntos miembros del crimen organizado. Entre sus decisiones más controversiales se encuentran negativas a vincular a proceso en delitos graves y sentencias absolutorias bajo criterios cuestionables. Pese a esto, sigue despachando en el Centro de Justicia Federal de Puebla sin que exista, hasta ahora, una investigación pública del Consejo de la Judicatura Federal.
El fallo del juez Ramírez en el caso Irene Olea —como otros antes— se mueve peligrosamente en la frontera entre la autonomía judicial y la protección de intereses políticos o criminales. Esa línea borrosa ha debilitado la confianza ciudadana en el sistema judicial mexicano.
Pero el caso de las hermanas Hoyos va más allá de una disputa local. Representa una de las caras más graves de la impunidad en México: la represión del Estado contra periodistas, el encubrimiento institucional y la manipulación judicial. Es un caso donde testigos protegidas han sido asesinadas, donde existen documentos falsificados y donde una exalcaldesa sigue libre, amparada por una decisión judicial parcial.
Si el Poder Judicial no corrige este fallo, se abrirá un precedente peligroso: el de la validación de la tortura y el encubrimiento como herramientas legítimas de poder político local. La represión ya no vendrá solo con garrotes y esposas; vendrá acompañada de resoluciones judiciales con rostro de legalidad, pero con espíritu de impunidad.
La apelación anunciada por la FGR y las víctimas será una prueba no sólo para el caso en particular, sino para el sistema judicial en su conjunto. El tribunal que revise esta resolución deberá ponderar si el principio de legalidad, el interés superior de las víctimas y el derecho a la verdad son más fuertes que las redes de protección política que aún operan desde los juzgados.
Este caso no debería olvidarse. Porque cuando un sistema permite que se torture a periodistas y se proteja a los responsables, el periodismo muere un poco más, y con el impedimento del ejercicio libre de este oficio, la democracia.
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