En medio de un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones y un aumento alarmante de delitos cibernéticos, el coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, José Luis García Parra, se presentó ante medios y funcionarios para defender su polémica iniciativa de ley en materia de ciberseguridad.
Puebla de Zaragoza, Pue. — Con un discurso que alternó el miedo al fraude con un llamado a la protección ciudadana, el funcionario dejó entrever las contradicciones de un marco legal que podría convertirse en un arma de doble filo.
“En Puebla lo más importante es la seguridad”, declaró García Parra, quien recordó que presentó esta iniciativa en noviembre de 2024 cuando era diputado local. Con un tono triunfalista, celebró el respaldo de todos los partidos —PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, PT y el Partido Verde— como si la unanimidad política fuera garantía de calidad legislativa.
¿Pero qué oculta este manto de respaldo político? El funcionario admitió que la iniciativa está a punto de dictaminarse en el Congreso local, donde será “robustecida” y “mejorada”. Sin embargo, las definiciones importantes permanecen en la penumbra: ¿qué es exactamente ciberacoso?, ¿cómo se delimita la crítica legítima de la violencia digital?, ¿quién decide qué es “anonimato dañino” y qué es libertad de expresión?
“No sanciona la crítica; sanciona la violencia”, aseguró García Parra en un intento por disipar temores de censura. Pero en un Estado donde el espionaje político y la criminalización de la diferencia política han dejado un largo historial de abusos, esta frontera resulta, como mínimo, difusa.
El discurso oficial pintó un panorama desolador: fraudes masivos, usurpación de identidad, grooming —ese delito atroz en el que adultos se hacen pasar por niñas para extorsionar y violentar— y una ciudadanía indefensa ante la impunidad digital. García Parra enumeró con dramatismo las amenazas: “Con un simple correo te roban tus datos personales y pueden vaciar tus cuentas.” Pero omite un detalle crucial: la responsabilidad del propio Estado para prevenir y perseguir esos delitos con herramientas ya existentes —como la Ley General de Protección de Datos Personales—, en lugar de criminalizar la libertad de expresión con leyes ambiguas.
El verdadero problema está en la letra chiquita: la iniciativa contempla sanciones que incluyen multas y hasta tres años de prisión. Sin un marco garantista que defina claramente los límites entre libertad de expresión y delito, la puerta queda abierta a interpretaciones peligrosas. ¿Podrá un tuit crítico ser considerado ciberacoso si incomoda al poder? ¿Quién vigilará a los vigilantes?
En el fondo, la iniciativa refleja la tentación autoritaria que recorre Puebla y México en tiempos de polarización política: usar el miedo como coartada para blindar al Estado de las voces disidentes. Porque mientras García Parra repite que “no hay una ley como ésta en el país”, los expertos en derechos digitales advierten que esta novedad puede convertirse en un ensayo para censurar.
En los próximos días, la comisión legislativa pondrá a votación el dictamen final. Y será entonces cuando se decida si Puebla tendrá una ley que proteja a sus ciudadanos del crimen digital o un bozal legislativo que ahogue las libertades en nombre de la seguridad.¿Seguridad o censura? La pregunta sigue abierta. Y la respuesta, por ahora, está en manos del Congreso local.
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