El endurecimiento de la política estadounidense contra el narcotráfico y el lavado de dinero, hoy bajo la lógica del antiterrorismo financiero, comienza a tener repercusiones que alcanzan incluso a gobiernos estatales en México.
Así lo demuestra el caso de Vector Casa de Bolsa, sancionada en junio de 2025 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo la FEND Off Fentanyl Act, que equipara el financiamiento del tráfico de opioides sintéticos con actos vinculados al terrorismo internacional.
Vector fue señalada por facilitar operaciones financieras de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo pagos por millones de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para fentanilo. En este nuevo marco legal, sus operaciones son vistas como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, y cualquier actor vinculado a ella queda bajo escrutinio global.
Lo que puede parecer un problema lejano, involucra potencialmente a Puebla. Durante el sexenio de Mario Marín Torres, su gobierno realizó inversiones públicas a través de Vector, canalizadas por su entonces secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, quien previamente había sido director de esa misma casa de bolsa. A más de una década, esas inversiones no desaparecieron: aún figuran en los estados financieros de la Secretaría de Planeación y Finanzas, hoy clasificadas como bonos basura.
El tema trasciende lo histórico y anecdótico. Fuentes consultadas señalan que operadores financieros del marinismo —algunos con nexos con la operación de Vector— buscan reinsertarse en el equipo del gobernador Alejandro Armenta, proponiéndose como técnicos para posiciones clave en el aparato financiero estatal. La presencia de estos perfiles no solo implicaría la continuidad de prácticas cuestionables, sino que expone a Puebla a riesgos legales y reputacionales en un momento en que EE. UU. ha demostrado su disposición a sancionar extraterritorialmente a quienes faciliten el circuito financiero del crimen organizado.
El gobernador Armenta debe valorar con atención a quién escucha y a quién incorpora. La persecución financiera del fentanilo ya no es una simple campaña antidrogas: es una cruzada global contra el financiamiento del terrorismo. Y en ese tablero, cualquier rastro con Vector —aún desde las sombras— puede ser suficiente para prender alarmas en Washington.
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