“El poder moderno se ejerce más eficazmente no cuando castiga, sino cuando vigila en silencio. El ideal no es la ejecución pública, sino la autocensura constante.” — Michel Foucault, “Vigilar y castigar” (1975)
Mucho se ha dicho de que estas leyes replican prácticas del pasado: censura, vigilancia, criminalización de la crítica. Y sí, los reflejos autoritarios son viejos. Pero lo que las vuelve inéditas es su instrumentación articulada y tecnificada en el presente. No se trata de regresar al autoritarismo del siglo XX. Se trata de una mutación mucho más eficaz: una arquitectura legal que usa el derecho penal para gobernar, no para hacer justicia.
El delito de ciberasedio poblano castiga la expresión digital ambigua (“ofender”, “vejar”, “agraviar”) con penas de prisión y económicas, bajo criterios subjetivos y sin garantías suficientes. Pero lo más grave no es su redacción: es el contexto en que emerge, su funcionalidad política y la red de intereses que protege.
¿Por qué ahora? Este tipo de legislación no se explica en abstracto. Se explica en función de lo que viene: las elecciones intermedias de 2027, en las que Morena se juega la preservación de la supermayoría artificialmente construida en ambas cámaras. Sin ella, la 4T perdería la capacidad de blindar sus reformas a la Constitución, y de preparar, sin fricciones, la sucesión presidencial con un candidato a modo.
En Puebla, el control del discurso digital es parte de esa estrategia. Por esto el espacio más libre —las redes sociales— se convierte en el más amenazado. Porque ahí es donde la ciudadanía crítica, el periodismo independiente y la organización social, aún tienen oxígeno. Cerrar ese espacio no es un accidente: es una necesidad del régimen.
Puebla, ahora mismo, es un laboratorio del poder. Lo que pasa en Puebla no es un exceso local. Es un piloto nacional. Después de su aprobación, los poderes tienen vía libre para aplicar el modelo (#LeyCensura): legislar sin escuchar, castigar sin definir y ejecutar el control sin costo político. Todo encaja también en los objetivos del poder político: dirigir sin oposición (abordaremos posteriormente el caso del PAN-PRI), dominar la elección intermedia en 2027 y la sucesión de 2030.
El simulacro antidemocrático y la complicidad silenciosa han comenzado a operar. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la ley poblana. Dijo estar en contra de la censura, pero no pidió su derogación. Reconoció los foros, pero no su vacuidad. Habló en abstracto, pero no intervino en lo concreto. La libertad de expresión fue defendida con frases, no con acciones. Y eso, en política, es omisión.
Lo mismo ocurrió con el caso de Campeche, donde un periodista fue vinculado a proceso por "discurso de odio". Sheinbaum respondió que no conocía los detalles. El silencio se repite. Y el mensaje es claro: el centro no se mancha, pero deja hacer y deja pasar ("laissez faire, laissez passer").
Así que no estamos, exclusivamente, ante un tema de censura, sino ante un método para preservar el poder. Lo más inquietante de este proceso es su coherencia. Es decir: no estamos ante casos aislados ni excesos particulares. Estamos frente a un método de gobernabilidad autoritaria que opera desde los estados con validación silenciosa del centro. Su mecánica es precisa:
- Legislar con ambigüedad para ampliar el margen de castigo.
- Aplicar la ley selectivamente para ejemplificar y atemorizar.
- Usar el aparato penal no contra corruptos, sino contra críticos.
- Simular foros, debates o reformas que nunca modifican lo esencial.
Y todo esto, sin grandes rupturas institucionales, pero con efectos profundos: autocensura, miedo social, vaciamiento del periodismo, erosión del disenso.
El ciberasedio es el síntoma, pero la enfermedad es el modelo. Un modelo que se dice democrático y que ya no necesita decretar el autoritarismo: lo construye en silencio, con leyes votadas por mayoría, con foros decorativos y con políticos en el poder que dicen no estar de acuerdo, pero no hacen nada al respecto. Lo que se juega no es solo la libertad de expresión: es el alma misma de las libertades civiles.
Ciberasedio y represión: el nuevo modelo mexicano de control informativo
La represión a la libertad de expresión en México ya no depende exclusivamente del Estado ni del crimen organizado: ahora es un sistema híbrido, funcional y estructural.
Este modelo opera desde dos frentes simultáneos:
- Uno legal e institucional, que usa leyes, jueces y fiscalías como herramientas de censura y castigo.
- Otro criminal e informal, que recurre al asesinato, la amenaza o la intimidación para silenciar periodistas y medios locales.
Ambos convergen en una arquitectura represiva que castiga la verdad y protege al poder político.
Modelo estructural de erosión a la libertad de prensa
La fórmula general que expresa este fenómeno es:
LPMₓ ↓ = f[(EO × IP + AP × DP) + (CO × VI) − JA]
Definición de variables:
- LPMₓ ↓: Disminución sistemática de la Libertad de Prensa en México.
- EO: Ejercicio Opaco del poder político (legislación punitiva, control informativo).
- IP: Impunidad Penal estructural (no hay sanción a los agresores del periodismo).
- AP: Autoritarismo Político (uso del Estado para castigar la disidencia).
- DP: Debilidad estructural del Periodismo (precariedad laboral, dependencia económica).
- CO: Crimen Organizado (capacidad de intimidación extrajudicial).
- VI: Violencia Intimidatoria (asesinatos, amenazas, desplazamiento forzado).
- JA: Justicia Autónoma (cuando está ausente, la represión se consolida).
El modelo refleja que cuando la impunidad, el autoritarismo y el crimen convergen en ausencia de contrapesos judiciales, la libertad de expresión colapsa como práctica y como derecho.
Casos: Ejemplificación del modelo en acción
En la siguiente tabla se muestra cómo actúan estos factores en distintos estados del país:
| Estado / Caso | EO Ejercicio Opaco |
IP Impunidad Penal |
AP Autoritarismo Político |
DP Debilidad del Periodismo |
CO Crimen Organizado |
VI Violencia Intimidatoria |
JA Justicia Autónoma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla Ley de Ciberasedio |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Campeche Caso Jorge Luis González |
✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tamaulipas El Universal y redes de huachicol |
✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Veracruz Agresiones a reporteros y feminicidios impunes |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sonora / Sinaloa Zonas silenciadas por el narco |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
✅: presente y activo | ⚠️: parcialmente presente o encubierto | ❌: ausente o capturado
Conclusión
En México, el periodismo ya no es reprimido solamente con censura tradicional. Hoy, la represión se ejerce a través de un modelo sofisticado de castigo legal y criminal, donde el silencio del Estado se suma a la violencia del narco, y donde el derecho penal ya no protege: persigue.
El resultado es una sociedad donde la verdad se convierte en delito y el poder —sea civil o criminal— no tolera preguntas. Frente a esta maquinaria, la única defensa posible es una combinación de resistencia informada, presión institucional y organización ciudadana.
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