“En política lo que parece, es”. Y lo que parece en Puebla es que el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra, ha optado por el silencio cómplice ante una de las reformas penales más riesgosas para la libertad de expresión en años recientes.
El artículo 480 del Código Penal local, que tipifica el delito de ciberasedio, fue aprobado por mayoría el pasado 12 de junio. Doce días después, apenas hoy, Riestra decidió romper el mutismo —con más cálculo que convicción— a través de un post en X, donde pidió a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad. También “amenazó” con acudir a instancias internacionales. Demasiado cómodo, demasiado tarde.
📌 Seguimos analizando la ruta legal correspondiente. Si se agotan las vías estatales y nacionales, no descartamos escalar esta preocupante reforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (no reir por favor).
Las formas importan. Las palabras y los silencios también. Riestra puede seguir simulando, pero los tiempos legales no lo acompañan. De acuerdo con el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla, un decreto como el aprobado —la reforma al artículo 480— solo puede derogarse después de que transcurra un Periodo Ordinario completo. El segundo periodo ordinario va del 15 de junio al 15 de julio; la reforma fue aprobada el 12, es decir, en el cierre del segundo. Por tanto, la discusión sobre su derogación sólo podría darse tras el tercer periodo ordinario (octubre–diciembre de 2025). Intentar derogarla antes sería jurídicamente inválido, incluso con mayoría. Riestra lo sabe. Pero prefiere lanzar una piedrita y esconder la mano.
¿Por qué tanta tibieza? ¿Por qué un discurso doble? ¿Por qué el PAN se ha convertido en una oposición de terciopelo?
Entre cuadros panistas y miembros de la dirigencia nacional, crece la sospecha de que Mario Riestra mantiene un acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta. Y que dicho pacto explicaría la dilación del panismo local. No es descabellado imaginar un pacto político con el gobernador de Morena. Esa hipótesis se basa en el comunicado emitido por el CDE del PAN cuando Armenta propuso al Congreso realizar foros de análisis sobre la ley. Le agradecieron “su voluntad para proteger los derechos humanos”. Difícil imaginar algo así para un opositor sin una negociación previa.
Entonces: ¿Es mito el pacto con Armenta? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué se intercambió a cambio del silencio? ¿Es casual que la postura de Riestra se haya “endurecido” justo cuando algunos medios preguntamos dónde está el PAN? Las coincidencias en política, ya se sabe, no existen.
La historia personal del dirigente panista tampoco ayuda. Tal vez confirma: Riestra no es ajeno a la cultura de "pactos" al estilo del PRI, muy jóven se formó políticamente en sus filas antes de abrazar al PAN bajo la tutela de Rafael Moreno Valle. Algunos lo consideran un panista de conveniencia. Otros recuerdan que con el PRI, y después con Rafael Moreno Valle, su familia ha ocupado diversos cargos en administraciones pasadas, con todo lo que eso implica en términos de observaciones, favores y lealtades.
PANMOR —la fórmula de una oposición arrodillada ante el poder— no solo suena mal: huele peor. Más aún cuando Puebla vive una avanzada contra la crítica, disfrazada de legislación contra el acoso digital, el PAN opta por la prudencia cortesana.
Mario Riestra puede seguir fingiendo que surfea la ola. Lo cierto es que esa ola tiene nombre y fecha: artículo 480, 12 de junio de 2025. Y su pasividad frente a la penalización del “ciberasedio” no se borra con un tuit.
De Genoveva Huerta, mejor ni hablamos. Que siga repitiendo “Niego categóricamente que el @PANPuebla2427 esté detrás de alguna campaña de bots contra el gobernador o la presidenta”. Que Ricardo Anaya les absuelva o les condene. Pero que nadie espere claridad del dirigente nacional Jorge Romero Herrera. Su especialidad, se sabe, es pactar. Y más aún si es en lo oscurito.
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