Con el 74.3 por ciento de las actas computadas, la elección para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma lo que desde el inicio se advertía: la integración de la Corte coincide, casi milimétricamente, con las listas difundidas en acordeones, volantes y mensajes en redes sociales, atribuidos al partido Morena.
CDMX - Esto revela un proceso profundamente marcado por la alineación política y el voto corporativo, que dibuja un escenario preocupante para la legitimidad democrática de la máxima instancia judicial del país.
De acuerdo con el cómputo preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana apenas alcanza el 11.71 por ciento, una cifra que ilustra la apatía y la confusión generadas por un proceso electoral que obligaba a cada elector a emitir nueve votos. Este diseño técnico generó una enorme cantidad de votos nulos o de recuadros no utilizados, que representan un 22.4 por ciento del total, lo que acentúa la duda sobre la legitimidad del proceso y la representatividad real de quienes integrarán la Corte.
Lo inesperado. El funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco, se alza con el mayor número de votos, desbancando a las ministras afines al Gobierno Federal. Su perfil, marcado por su activismo indígena y su paso por el INPI, encarna el discurso de la inclusión étnica que ha caracterizado al actual oficialismo. Es probable que Aguilar Ortiz presida la Corte durante dos años, en un contexto que requerirá de habilidades políticas excepcionales para conciliar las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Detrás de Aguilar Ortiz, las siguientes cuatro posiciones las ocupan figuras identificadas plenamente con el proyecto de la Cuarta Transformación. Se trata de las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como de María Estela Ríos, quien fuera consejera Jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas ministras se repartirán la presidencia de la Corte entre 2027 y 2035, consolidando una hegemonía institucional que muchos críticos califican de captura política del Poder Judicial.
Más abajo en la lista figuran perfiles que, aunque cercanos al oficialismo, no alcanzarán la presidencia de la Corte debido a los plazos de su nombramiento: el académico Giovanni Figueroa, Irving Espinosa —magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y ex asesor de Morena en la Cámara de Diputados— y Arístides Guerrero, expresidente del Instituto de Transparencia capitalino.
El noveno lugar lo ocupa Sara Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR). De mantenerse en esta posición, Herrerías recibiría un nombramiento por ocho años, lo que la excluiría de la presidencia de la Corte. Su inclusión confirma la tendencia de la lista preestablecida y refuerza la percepción de que la elección judicial funcionó como una ratificación de una lista oficial más que como un verdadero ejercicio de democracia participativa.
El resultado de esta elección plantea preguntas de fondo sobre el diseño del sistema judicial mexicano y su independencia efectiva. Con una participación ciudadana que apenas supera el 11 por ciento y un alto porcentaje de votos nulos, la legitimidad democrática del proceso se tambalea. La hegemonía de perfiles vinculados al oficialismo y la coincidencia casi exacta entre los resultados y las listas de recomendados difundidas en redes y medios afines, proyectan la imagen de una Corte más alineada con el Ejecutivo que nunca.
La figura de Hugo Aguilar Ortiz podría erigirse como un contrapeso simbólico y una oportunidad para tender puentes en un contexto marcado por la polarización y el descrédito de las instituciones. Sin embargo, el verdadero desafío para la SCJN no será solo defender su independencia formal, sino reconstruir la confianza ciudadana en un modelo que hoy luce tan técnico como desconectado del interés real de la población.
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