Con una votación dividida de seis contra cinco, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la validez de la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las denuncias por presuntas irregularidades que ponen en duda la equidad del proceso.
CIUDAD DE MÉXICO.– Durante la sesión, varios consejeros alertaron sobre el uso sistemático de “acordeones” —papeles con los nombres de candidatos— distribuidos como propaganda, cuya coincidencia con los resultados oficiales fue del 80% a nivel nacional y del 85% en cargos regionales. Esta práctica fue denunciada por su potencial para alterar la voluntad popular.
Arturo Castillo, uno de los cinco consejeros que votaron en contra, fue enfático: “El resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada. Su distribución pudo haber sido determinante”, advirtió, calificando los acordeones como un indicio de propaganda ilícita que afecta directamente la equidad.
En total, el INE anuló 818 casillas —el 0.9% de las 83 mil 956 instaladas— por diversas irregularidades: desde la presencia de acordeones, hasta casillas zapato (con más del 100% de votos) y otras inconsistencias. Estos votos anulados representan más de 3.7 millones de sufragios, es decir, el 3.2% de los 116 millones emitidos.
Sin embargo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió el resultado. “No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80 mil ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud del proceso. Tuvimos un proceso electoral excelente”, declaró. Aun así, aceptó que el Instituto deberá investigar los hechos y prometió acciones inmediatas para deslindar responsabilidades.
El consejero Martín Faz aportó un dato alarmante: en 19 mil 336 casillas —el 23% del total— las nueve candidaturas incluidas en los acordeones ganaron, fenómeno que se repitió en 15 entidades del país. La magnitud del patrón, dijo, es preocupante.
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas coincidió en que los acordeones representan una “influencia indebida”, pero matizó que no cumplen con los criterios jurídicos para invalidar el proceso. “No estamos hablando de una operación de Estado como las que veíamos en 1988”, apuntó.
En contraste, la consejera Dania Ravel alertó sobre las consecuencias institucionales de validar el proceso. “Representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía: que aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas, y eso puede propiciar su repetición en el futuro”, afirmó.
Ahora el proceso queda en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que podrá recibir impugnaciones y determinar si las irregularidades reportadas fueron determinantes en el resultado. La legitimidad de la elección de la Suprema Corte —piedra angular del equilibrio institucional del país— entra así en una etapa decisiva de escrutinio judicial.
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