La presión nacional obligó al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, a pronunciarse públicamente sobre la reforma al Código Penal estatal que introduce el controvertido delito de ciberasedio. Lo que pudo ser un gesto institucional firme se convirtió, en realidad, en una maniobra de cálculo político para contener el creciente costo mediático de una ley regresiva.
Puebla de Zaragoza, Pue.- Cuatro días después de la aprobación de la reforma por parte del Congreso local, Armenta emitió una carta dirigida a la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa García Chávez, en la que solicitó la realización de “foros de análisis” sobre la ley en coordinación con organismos de derechos humanos, periodistas, colegios de abogados y asociaciones de padres de familia.
Pero la propuesta llegó después del golpe: con la ley ya publicada y vigente, los foros no tienen efectos legislativos ni jurídicos vinculantes. Se trata de una simulación institucional. La reforma penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes “insulten, agravien, ofendan o vejen” reiteradamente en redes sociales, ya está en marcha. Y el Ejecutivo no ha planteado en ningún momento suspenderla, revisarla o promover su derogación.
El contenido de la carta, además, elude cualquier asunción de responsabilidad. Armenta no señala el carácter problemático del artículo 480 ni reconoce que su gobierno respaldó la iniciativa a través de su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, y desde el Congreso. La misiva comienza con un “le solicito respetuosamente...”, como si el gobernador fuera un espectador más y no el jefe del Poder Ejecutivo del estado. No invoca ninguna de sus atribuciones constitucionales. No exige, no instruye, no observa. Sólo pide.
Como si los legisladores oficialistas se mandaran solos, el lenguaje elegido revela lo esencial: ni veto, ni autocrítica. Solo distanciamiento político. En lugar de usar su investidura para corregir un error institucional, el gobernador opta por administrar el desgaste sin comprometer su relación con la mayoría legislativa de Morena, PT y Verde.
Armenta intenta legitimar la reforma proponiendo retroactivamente un diálogo que nunca ocurrió. “Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, dice la carta. Pero ese consenso no existió. No hubo consulta pública, ni convocatorias a periodistas o expertos, ni foros previos a la aprobación de la ley. El llamado al diálogo llega cuando el daño ya está hecho. Es, a todas luces, una carta para simular apertura.
La reacción del gobernador también ocurre por miedo al escándalo, no por convicción democrática. El silencio del Ejecutivo fue total mientras se procesaba la reforma. Sólo después de que medios nacionales, activistas digitales y organismos especializados comenzaron a señalar el carácter autoritario de la ley, Armenta buscó deslindarse parcialmente del contenido aprobado. En Puebla, la cobertura mediática fue tibia. Pero a nivel nacional, la indignación crece.
En ese contexto, el gobernador no ofrece rectificación alguna. Solo gestiona tiempos políticos. Acompaña su carta con la consigna populista de campaña: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Pero si realmente gobernara con el pueblo, no criminalizaría su derecho a expresarse.
Lo cierto es que el silencio del Ejecutivo también es complicidad. La falta de objeción, la ausencia de liderazgo y la negativa a frenar una ley que vulnera principios constitucionales hacen del gobernador Armenta un corresponsable directo de este retroceso democrático.
Como diría Rosa Luxemburgo (para los que se dicen de ‘izquierda’): “La libertad es siempre la libertad del que piensa distinto.” Y en Puebla, quien piensa distinto acaba de ser silenciado por decreto… con la firma de todos los poderes.
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