La elección judicial celebrada ayer, en la que los mexicanos acudieron a las urnas para votar por los futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, arrojó un resultado que ha encendido el debate sobre la legitimidad democrática, la viabilidad técnica de este ejercicio y la figura emergente de Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila como el próximo presidente de la Corte.
CDMX - La jornada electoral reflejó una profunda indiferencia ciudadana hacia la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. El ejercicio electoral demostró que para muchos, este proceso resultó demasiado complicado o poco prioritario.
Los datos duros son contundentes: la participación efectiva rondó apenas el 13% del padrón electoral. Considerando los votos nulos, la tasa de votación válida rondará el 9%. Este escenario dibuja una imagen preocupante: una elección que no logra reflejar la supuesta demanda popular por “purificar” el poder judicial pero que exhibe las dificultades técnicas y organizativas de implementar un modelo de voto judicial en paralelo con otros procesos electorales.
Hugo Aguilar Ortiz
Mientras la presidenta celebra los resultados y llama a la transformación judicial, todas las miradas se concentran ahora en Hugo Aguilar Ortiz, quien, de acuerdo con los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), acumula ya más de 4 millones 211 mil votos. Este margen, prácticamente irreversible, lo coloca en la antesala de convertirse en el nuevo presidente de la SCJN.
Hugo Aguilar Ortiz es un abogado de origen mixteco, destacado por su trayectoria como coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Hasta inicios de mayo pasado, se desempeñaba como funcionario público, pero renunció a su cargo para buscar la candidatura al máximo tribunal del país. Con raíces profundas en Oaxaca, Aguilar encarna la narrativa de la representación indígena en el máximo tribunal, evocando inevitablemente la figura de Benito Juárez y el simbolismo histórico que ello implica.
El discurso que emerge en torno a Aguilar va más allá de su perfil técnico como abogado. Se le reconoce como un líder conciliador, moderado y con una visión de pluralidad democrática. Destacan sus credenciales como activista indígena y su experiencia en el litigio comunitario le confieren una legitimidad simbólica poderosa en un momento de polarización política y desconfianza institucional.
Paradójicamente, la escasa participación ciudadana parece destinada a quedar eclipsada por la narrativa de la “histórica elección de un presidente indígena de la SCJN”, que el oficialismo impulsará como un hito de justicia social. Rápidamente vamos a pasar a olvidar que votaron muy pocas personas y el foco apuntará al hecho de que por primera vez en la historia moderna, tras el siglo XIX, una persona de origen indígena preside la SCJN”.
La figura de Aguilar Ortiz, en este sentido, podría convertirse en el bálsamo legitimador que necesita la reforma judicial para sobrevivir a las críticas sobre su viabilidad técnica y su pobre conexión con el electorado. De hecho, algunos especialistas consideran que la elección de Aguilar Ortiz podría contribuir a una narrativa de reconciliación y consenso en un país donde el sistema de justicia enfrenta desafíos de legitimidad y eficacia.
Futuro de la reforma judicial
Casi 90 millones despreciaron la elección judicial. Aunque el gobierno federal ha presentado esta elección como un avance democrático, la experiencia práctica demuestra que el modelo es, al menos, ineficiente y costoso. De repetirse un proceso similar en 2027 —cuando el país elegirá a toda la Cámara de Diputados, 16 gobernadores y miles de alcaldes y diputados locales— el resultado sería caótico. Con seis boletas para legisladores y gobernadores, más otras nueve para jueces y magistrados, el sistema electoral colapsaría bajo su propio peso.
La elección de ayer expone, además, la necesidad de repensar el diseño institucional de la reforma judicial: menos cargos, mejores candidatos, mayor claridad en la boleta, más educación cívica y un sistema de selección menos burocrático. Sin embargo, las posibilidades de que el gobierno realice una autocrítica profunda son limitadas. El oficialismo carece de incentivos para reconocer errores y menos aún públicamente.
Sin embargo, hay una verdad ineludible: si no se ajusta el modelo de elección judicial, la reforma simplemente no será viable, colapsará, en un escenario de alta competencia política como el de 2027 donde Morena se juega el control del Congreso y de 16 gubernaturas, por lo que un sistema electoral fallido no es una opción. Tarde o temprano, el gobierno se verá obligado a reformar su propia reforma, aunque ello signifique, en la práctica, admitir sus errores.
Liderazgo conciliador
De confirmarse la victoria de Hugo Aguilar Ortiz, se abriría un capítulo inédito en la historia judicial de México. Su perfil conciliador y su activismo en favor de los derechos indígenas podrían servir como un contrapeso moderado a la politización que amenaza con erosionar la credibilidad de la Corte. En un país acostumbrado a la confrontación, un liderazgo moderado y ponderado podría ser, irónicamente, el mejor antídoto para salvar la legitimidad del poder judicial y recordarnos que, más allá de la aritmética electoral, la justicia debe ser siempre el pilar de la democracia.
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