Con una radiografía clara de la elección judicial del domingo 1 de junio y tras frenar el bote pronto de Guadalupe Taddei, la Cuarta Transformación ha iniciado la operación política para legitimar la elección judicial que, por primera vez, definirá a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular.

CDMX.- La maniobra, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y apuntalada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, apunta a garantizar la gobernabilidad de la nueva Corte y a reforzar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

El eje simbólico de esta operación es la figura de Hugo Aguilar Ortiz, abogado oaxaqueño de origen mixteco y actual coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien encabeza el cómputo preliminar de votos tras la elección judicial del domingo. Su eventual nombramiento como presidente de la Suprema Corte durante el periodo 2025-2027 cumple una doble función: representar la narrativa de inclusión y justicia social de la 4T y, al mismo tiempo, consolida un proceso de colonización institucional del Poder Judicial por parte del oficialismo.

La presidenta Sheinbaum celebra la llegada de Aguilar Ortiz como un “cambio profundo” y un acto de justicia histórica para los pueblos originarios.

El énfasis de Sheinbaum en la representación indígena cumple un objetivo político claro: blindar de legitimidad a una elección judicial nacida de una reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, criticada por la comunidad jurídica y por especialistas en derecho constitucional por su potencial para someter al Poder Judicial a los designios del Ejecutivo. Así, el discurso presidencial desplaza el debate de fondo —la independencia judicial y la calidad democrática del proceso— hacia el terreno simbólico de la reparación histórica y la inclusión étnica.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que el cómputo preliminar coloca a Hugo Aguilar como el candidato con mayor votación, lo que lo convertirá en presidente de la Corte conforme al artículo 94 constitucional. Con ello, el INE se consolida como árbitro de un proceso electoral que, si bien pretende abrir el acceso ciudadano al Poder Judicial, corre el riesgo de legitimar una captura política que debilita los contrapesos democráticos.

La lista preliminar de ministros electos confirma la hegemonía de la 4T: además de Aguilar, figuran las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz —todas ellas cercanas al oficialismo— así como María Estela Ríos, exconsejera jurídica de López Obrador. La única sorpresa, según fuentes del INE, fue que Aguilar supera en votos a las ministras más alineadas con Palacio Nacional.

El proceso de elección judicial exhibe una paradoja política: mientras se invoca la voluntad popular y la reparación histórica como justificación para democratizar la Corte, el trasfondo es un proceso de control institucional sin precedentes. El nuevo esquema de elección popular —inspirado en el discurso de “romper con la oligarquía judicial”— habilita al oficialismo a colonizar la Corte mediante candidatos afines, en detrimento de la autonomía del Poder Judicial.

El caso de Hugo Aguilar —un abogado con amplia trayectoria en defensa de los pueblos indígenas, pero sin carrera judicial en la Corte ni en tribunales de apelación— encarna este dilema: su elección celebra la pluralidad cultural, pero también revela la fragilidad de un proceso que prioriza la lealtad política sobre la independencia judicial. En la práctica, la Cuarta Transformación asegura la continuidad de su hegemonía con una Corte legitimada en las urnas, pero subordinada en sus resoluciones.

La operación política de Sheinbaum y del INE marca el inicio de una Corte que, bajo el pretexto de la elección popular, podría convertirse en una extensión del proyecto político del oficialismo. Con ello, la justicia constitucional, lejos de fortalecerse, corre el riesgo de perder su papel de contrapeso y garante de los derechos ciudadanos. El desafío no es menor: una Corte legítima para el régimen, pero cada vez más cuestionada por su independencia.