A cuatro días de que el Congreso del Estado aprobara una reforma que penaliza con cárcel el disenso en redes sociales, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), no respondió a la presión mediática ni al cuestionamiento público creciente. Respondió, en realidad, al llamado de su verdadero jefe político: el gobernador Alejandro Armenta.

Puebla de Zaragoza, Pue. – Toda una obra de teatro: Armenta —al verse cercado por la crítica— instruyó indirectamente a su bancada a simular apertura mediante foros tardíos. Lo que siguió no fue un acto de responsabilidad legislativa, sino el inicio de una maniobra orquestada para contener daños.

“Recibo con interés su mensaje, gobernador Alejandro Armenta”, escribió la diputada en redes sociales, tras la carta en la que el mandatario pidió abrir foros para discutir la reforma. “A partir de esta semana estaremos realizando mesas de trabajo, debates, como corresponde a un parlamento abierto, para escuchar a todas las voces y analizar el impacto de la ley”.

Pero lo cierto es que ninguna de esas voces fue escuchada antes. La reforma que incorporó al Código Penal el delito de ciberasedio —redactado con una ambigüedad que permite criminalizar la crítica digital— fue tramitada y aprobada sin consulta pública, sin foros, sin expertos en libertad de expresión ni organismos independientes. El “parlamento abierto” que hoy invoca Laura Artemisa es, en los hechos, una construcción retroactiva. El foro llegó después del golpe. El diálogo, después de la mordaza.

Al afirmar que “no le extraña la petición del gobernador” porque el Congreso ha sido “abierto con todas y todos los poblanos”, la diputada recurre a una distorsión de la realidad legislativa. Fue ella quien presidió el órgano que coordinó el proceso de aprobación, y fue bajo su conducción que se avaló una norma con consecuencias gravísimas para el ejercicio de la libertad de expresión digital.

Y es que la instalación tardía de foros no equivale a una rectificación. Simular apertura no es lo mismo que asumir responsabilidad. La reforma ya fue publicada, ya está vigente, y el artículo 480 ya puede ser invocado para perseguir a periodistas, activistas o usuarios incómodos al poder. Ninguna mesa de trabajo corregirá por sí misma el hecho de que ahora, en Puebla, insultar o incomodar reiteradamente en redes sociales puede llevarte a prisión.

En este contexto, el anuncio de los foros no parte de un compromiso democrático, sino de un cálculo reputacional. No se trata de abrir un debate genuino, sino de desactivar el escándalo nacional que empieza a salirse del control de las autoridades poblanas. La conducta política de Laura Artemisa ha sido estrictamente reactiva, funcional al Ejecutivo y disciplinada con el régimen. Y ahora pretende disfrazar de apertura lo que en realidad es una maniobra para contener daños.

Esta puesta en escena llega justo cuando más se juega el periodismo libre e independiente en Puebla. La reforma afecta directamente el derecho a la crítica ciudadana, al anonimato digital y a la libertad de expresión en su forma más esencial: la posibilidad de cuestionar al poder sin miedo. El artículo 480 del Código Penal convierte emociones subjetivas en categorías penales. Es un instrumento perfecto para el abuso judicial.

El periodismo libre está en juego. La ciudadanía también. Y por eso no basta con mesas de trabajo. No basta con frases vacías ni menciones genéricas a “todas las voces”. Lo que se necesita es derogar de inmediato el artículo 480 y reiniciar el proceso legislativo desde el principio, con transparencia, técnica jurídica y verdadera participación ciudadana.

Mientras eso no ocurra, cada foro anunciado, cada mensaje institucional, cada discurso de supuesta pluralidad, será parte de un montaje cuidadosamente diseñado para encubrir una censura ya consumada. Y quienes organizan ese montaje son los mismos que la aprobaron en silencio.

Laura Artemisa no corrigió. No se opuso. No alertó. Hoy ofrece foros, pero lo hace cuando ya todo está dicho, todo está aprobado y todo está sellado con la voluntad del poder. Lo que intenta vender como apertura es, en realidad, el último acto de una legisladora que prefirió obedecer antes que representar.

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