Mientras el Consejo Estatal de Morena celebra con bombo y platillo su "respaldo unánime" a la reforma de la Ley de Ciberseguridad que sanciona el ciberasedio, la realidad es que esta iniciativa enfrenta un creciente rechazo por parte de legisladores federales, organizaciones civiles y medios de comunicación que la califican como una "Ley Censura" disfrazada de protección ciudadana.
Puebla de Zaragoza, Pue.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una versión edulcorada de los hechos al informar sobre la sesión donde "todos los consejeros votaron por unanimidad" respaldando la reforma aprobada propuesta por el ex diputado José Luis García Parra, ahora coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier.
El gobernador Armenta Mier defendió la reforma durante la sesión del Consejo Estatal de Morena con declaraciones que intentan despejar las dudas sobre las intenciones de la ley: "Respetamos la libertad de expresión. Yo en lo personal tomo la crítica siempre como algo positivo nos ayuda a crecer. Como lo he manifestado con ustedes respetamos el trabajo que realiza los medios, no tiene que ver nada con el tema de medios de comunicación, los derechos cuidamos a los niños a las mujeres". Sin embargo, estas declaraciones contrastan dramáticamente con la realidad legislativa y la percepción de expertos en la materia.
Resulta revelador que Villegas Mendoza destacara la presencia de "partidos aliados" en la sesión, sugiriendo un consenso que, en realidad, está lejos de existir en el panorama político nacional.
Lo que el discurso oficial omite deliberadamente es que legisladores federales se han manifestado abiertamente en contra de la reforma, considerándola un riesgo para las libertades fundamentales.
Más preocupante aún es que expertos y organizaciones civiles han calificado la ley como riesgosa para la libertad de expresión debido a su redacción ambigua, lo que abre la puerta a interpretaciones subjetivas que podrían criminalizar la crítica legítima y el ejercicio periodístico.
La reforma establece penas que dan hasta 3 años de prisión por ciberasedio, 5 años por ciberacoso sexual contra menores y 8 años por usurpación de identidad. Si bien estos delitos requieren regulación, la definición de ciberasedio como "conducta reiterada de agresión, hostigamiento o insulto por medios digitales" es peligrosamente amplia y subjetiva.
La efectividad intimidatoria de la ley ya se hace evidente: se ha presentado la primera denuncia por ciberasedio, lo que demuestra que no se trata de una amenaza teórica, sino de una realidad que ya está operando.
La celebración del "respaldo unánime" del Consejo Estatal de Morena resulta, en el mejor de los casos, una representación parcial de la realidad política. Cuando los únicos que votan son los aliados políticos del oficialismo, la unanimidad no es consenso democrático, sino disciplina partidista.
La reforma de ciberseguridad en Puebla representa un caso emblemático de cómo el discurso de protección puede convertirse en herramienta de control. Mientras el oficialismo celebra su "unanimidad" y promete respeto a la libertad de expresión, la realidad es que ha puesto en marcha un mecanismo legal que puede ser utilizado para silenciar voces críticas bajo el pretexto de combatir el ciberasedio.
La verdadera prueba de esta ley no está en las declaraciones oficiales de respeto a la libertad de expresión, sino en cómo será aplicada en la práctica. Los primeros indicios no son alentadores.
La democracia se mide no por la unanimidad de los aliados, sino por el respeto a las voces disidentes. En Puebla, esa medición está en proceso.
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