La nueva figura penal del ciberasedio en Puebla no es una medida aislada: es parte de una ofensiva más amplia para disciplinar la crítica desde el poder. Con un aparato de justicia alineado y un discurso que victimiza al poder mientras silencia a periodistas, el sistema político mexicano ensaya en Puebla una “operación limpieza” contra las voces incómodas.
El artículo 480 del Código Penal de Puebla, aprobado el 12 de junio de 2025, tipifica el “ciberasedio” como toda conducta digital que “insulte, injurie, ofenda o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle daño emocional”. Esta definición, jurídicamente vaga y abierta a interpretación subjetiva, no distingue entre crítica política y acoso sistemático.
Aunque el discurso oficial sostiene que la norma busca proteger a mujeres, niñas y niños en redes sociales, la realidad es que ya existen marcos legales —como la Ley Olimpia y el Código Penal Federal— que castigan la violencia digital sin criminalizar la opinión pública.
El nuevo tipo penal no cubre un vacío legal: crea una herramienta política.
Revisemos brevemente el caso Campeche que pasó de la amenaza a la condena. La experiencia de Layda Sansores en Campeche ilustra el mecanismo de esta operación. Su gobierno no solo emprendió campañas sistemáticas de desprestigio contra medios locales y nacionales, incluido Proceso y El Financiero, sino que ahora, en al menos un caso —ya judicializado— logró lo impensable: la prohibición judicial de ejercer el periodismo para un reportero local.
Además, la sentencia, dictada por una jueza local, multó al periodista con dos millones de pesos y procedió al embargo de su vivienda por “daño moral”, bajo la figura de acoso y afectación emocional. No se le persiguió por mentir, sino por incomodar al poder. Así, esta justicia selectiva se ha convertido en un modelo de castigo ejemplar.
Desde Palacio, escuchamos nuevamente la narrativa del “pueblo bueno” (gobierno bueno) versus la prensa “cometócrata” mala. Es decir, la persecución de la crítica no se reduce a casos locales. Desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se normalizó el lenguaje de estigmatización hacia la prensa "conservadora". Este lenguaje polarizante ha tenido una función política: deslegitimar la crítica ante la opinión pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum justo hoy continuó con esta estrategia, calificando al gremio periodístico como “cometócratas”. El problema no es el desprecio hacia quienes ejercen el oficio del periodismo independiente y objetivo. El peligro radica en que mientras desde el micrófono presidencial se reparte desdén como línea de gobierno, las leyes estatales se endurecen para convertir la crítica reiterada en una forma de delito.
Es la “operación limpieza”, estigmatiza con discurso y, además, intimida y penaliza la crítica.
No puede ser de otra manera. México es una “democracia” sin equilibrio de poderes. Penalizar bajo el “ciberasedio” se produce en un momento en que el sistema político mexicano hegemónico, ha consolidado un control casi absoluto de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; más: 24 gobiernos estatales con sus respectivos congresos locales, y mil 125 municipios (prácticamente la mitad de todo el país), entre otros factores de poder. Lo anterior, ahora desmantelada la transparencia y la rendición de cuentas por el mismo bloque mayoritario en el poder.
Así que, con el poder concentrado, la ausencia de contrapesos permite avanzar en la siguiente etapa: el control mediático.
Como no se puede suprimir la libertad de prensa de forma frontal, se opta por la vía lateral: la criminalización.
Esto se hace a través de una narrativa invertida: el poder como víctima, usando a las niñas, niños, y a las mujeres víctimas de “misoginia” y violencia de género. El ejemplo: la gobernadora Layda Sansores, presentada hoy como víctima
Así, la estrategia narrativa se basa en victimizar al poder: gobernadores, legisladores y hasta la presidencia afirman ser víctimas del “odio en redes”, mientras señalan despectivamente a “comentocratas”, a medios y ciudadanos críticos como generadores de violencia.
Se desplaza el foco: ya no se trata de cuestionar el desempeño público ni cuestionar la corrupción, sino de penalizar la crítica porque hiere los sentimientos de políticos y funcionarios.
Al final, se recurre a causas legítimas —como la protección de infancias o mujeres— para blindar políticamente un avance autoritario. La ley del ciberasedio se presenta como escudo, pero funciona como una espada.
Hay que decirlo con claridad porque afectará a toda(o) ciudadana(o) en México: el ciberasedio no es una novedad jurídica, sino una pieza de diseño autoritario. No busca combatir la violencia, sino silenciar el disenso. El sistema político actual es el de un país donde el poder fustiga, pero no admite la crítica, y controla la ley con toda ambigüedad penal porque así la vuelve peligrosa y ventajosa a su favor (no olvidar que controlan el Poder Judicial).
Lo que hoy se presenta como justicia para las víctimas, mañana será —y ya está siendo— un juicio penal (muy costoso por cierto) contra la libertad de expresión.
Nota: El periodismo profesional no necesita recurrir a la violencia en ninguna de sus formas. Se sostiene en los hechos, en el derecho a preguntar y en la responsabilidad de incomodar al poder. Paradójicamente, quienes detentan el poder político sí recurren con frecuencia al agravio, la estigmatización (“comentócratas”) y, cuando es necesario, al aparato judicial como instrumento de represalia. Esa asimetría no es accidental: revela quién usa el aparato del Estado para someter, y quién sólo cuenta con su libertad.
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