En Puebla, los promotores de la corrupción suelen olvidar —o simulan ignorar— que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) distribuye los fondos federales según la Ley de Coordinación Fiscal y exige reportes trimestrales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Cuando la SHCP detecta irregularidades —como contratos inflados— remite las observaciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisa y, en casos graves, denuncia ante la Fiscalía General de la República.
En la práctica, sin embargo, la rendición de cuentas oportuna se pierde en tecnicismos y laberintos legales. Esa debilidad institucional explica el enojo del gobernador Alejandro Armenta ante casos como el Teleférico, el Museo Barroco y el fiasco del Banco Accendo: pasivos heredados que, si no se renegocian, amenazan con drenar las finanzas estatales hasta 2040. Él promete “no ser tapadera de nadie” y reabrir carpetas de investigación. Pero sabe que no es una tarea fácil y menos si confía en “los de siempre”.
El caso Accendo es un ejemplo de la dificultad que plantea abrir la cloaca: en 2021, la administración de Miguel Barbosa Huerta “invirtió” 600 millones de pesos en ese banco, que quebró en menos de tres meses. Puebla quedó, junto a otros 400 acreedores, con pocas esperanzas de recuperar sus “inversiones”. Según la CNBV, esos recursos se usaron como capital social, es decir, en realidad Barbosa pretendía convertirse, de manera informal, en socio de un banco fallido.
Pero eso no fue lo más grave. Vamos a revelarle un tema delicado: Tras el fallecimiento de Miguel Barbosa, el gobernador interino, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descubrió que la administración anterior había especulado con títulos de renta variable por un monto superior a 7 mil millones de pesos, poniendo en jaque las finanzas estatales. Sergio Salomón, al borde del colapso, recurrió a Charbel Jorge Estefan Chidiac y a José Antonio López Malo, pero ambos presentaban un desgaste político tal que empeoraba la situación de nombrar, a cualquiera de ellos, como titular de Finanzas para arreglar la situación.
En ese contexto, la clave fue el pragmatismo: Céspedes Peregrina (en consenso con Estefan Chidiac y López Malo) apostó por un equipo técnico encabezado por Josefina Morales Guerrero en Planeación, Finanzas y Administración. Ella, a su vez, confió en colaboradores discretos pero eficientes, como Ricardo Aguilar, quien operó la Subsecretaría de Egresos.
El primer gran acierto de este equipo fue rescatar esos 7 mil millones de pesos de un verdadero “casino financiero”, herencia de Barbosa y Castro Corro. Esa operación —silenciosa pero contundente— permitió a Sergio Salomón mantener a flote las finanzas estatales, garantizar la transición política, los tiempos electorales y blindar el primer año de gobierno de Alejandro Armenta.
Ese golpe de pragmatismo y el trabajo eficiente de Josefina Morales Guerrero, salvaron a Puebla de una crisis financiera sin precedentes.
Hoy, el estado del tiempo anuncia tormenta contra la corrupción y se cierne sobre quienes se beneficiaron de años de impunidad. No será fácil. Alejandro va a enfrentar presiones políticas que moverán medios por cielo y tierra, como en el caso de los terrenos de Angelópolis. Bien harían aquellos “consejeros” desinformados y quienes le hablan al oído para generar discordias, en bajar la intensidad de su grilla y las filtraciones.
Alejandro va contra Cerbero (la corrupción), un perro que nunca duerme y que no sólo tiene tres cabezas, sino también una base de recursos y alianzas suficientes para dar una batalla épica antes de permitirle entrar al inframundo para desenmarañar la corrupción en Puebla. Él sabe que en temas que van a definir su administración necesita gente probada y leal, no puede darse el lujo de confiar en aquellos que lo mismo les da besar una mano que otra.
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