En los archivos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla reposa un documento que hoy adquiere dimensiones inquietantes. Entre las líneas de inversiones a largo plazo, una partida específica registra 32.08 millones de pesos colocados en Vector Casa de Bolsa.
Puebla de Zaragoza, Pue.- La institución financiera ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y la producción de fentanilo.
Esta investigación de Región Global, plantea interrogantes que van más allá del mero análisis financiero. Se trata de una historia sobre decisiones opacas del gobierno de Mario Marín Torres, ejecutada por su entonces secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y operada internamente desde la subsecretaría de Egresos a cargo de David Villa Issa.
El monto total de esas inversiones en Vector Casa de Bolsa, representó miles de millones de pesos, pero con el tiempo se han ido diluyendo hasta quedar un saldo ínfimo en inversiones clasificadas como “basura”.
El monto, aunque representa apenas el 1.77% del portafolio total de inversiones poblanas que asciende a 1,813 millones de pesos, cobra relevancia dramática cuando se entiende el contexto. Vector Casa de Bolsa no era una institución cualquiera en el radar gubernamental. Según documentos corporativos, la empresa (de la que el exsecretario de Finanzas de Mario Marín era socio) se promocionaba activamente hacia "gobiernos e inversionistas extranjeros", manejando 21 fondos con el 86% de sus activos en deuda gubernamental y corporativa. Era, en apariencia, el tipo de institución que podría resultar atractiva para las finanzas públicas estatales.
Sin embargo, las apariencias engañan, y Vector tenía un historial que debió encender alarmas para los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Miguel Barbosa y Sergio Salomón Cëspedes Peregrina. Ya en 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había sancionado a la casa de bolsa con multas por 7.24 millones de pesos debido a infracciones en asesoría de inversiones y prácticas de venta inadecuadas. Era una señal clara de que los controles internos y las prácticas comerciales de la institución presentaban deficiencias significativas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa facilitaba operaciones de lavado de dinero para organizaciones del narcotráfico especializadas en fentanilo, una de las drogas más letales en la crisis de salud pública que azota América del Norte. Esta no es una acusación menor; es una designación que coloca a la institución en la categoría de facilitadora del crimen organizado internacional.
Las implicaciones legales para el Gobierno de Puebla son múltiples y complejas. En primer lugar, las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense le pueden generar riesgos de cumplimiento internacional que podrían afectar cualquier transacción que involucre sistemas financieros vinculados con Estados Unidos. Los bancos mexicanos con operaciones estadounidenses podrían verse obligados a reportar o restringir transacciones, comprometiendo la liquidez por la inversión poblana.
Más grave aún es el riesgo de responsabilidad fiduciaria. Los funcionarios que participaron en la decisión de invertir en Vector podrían enfrentar cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus deberes como custodios de recursos públicos. Hoy la probable pérdida total o parcial de los 32 millones invertidos constituye un daño al erario que podría generar responsabilidades tanto administrativas como penales.
Pero, por increíble que parezca, algunos operadores de esas inversiones en Vector, están de regreso en Finanzas, apalancados por David Villaissa, nuevamente. ¿Sabe el gobernador Alejandro Armenta quiénes son?
Debería saberto y tomar medidas porque el espectro del lavado de dinero es un tema muy serio. Aunque el gobierno poblano sea víctima de las circunstancias, las autoridades financieras mexicanas, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV, podrían iniciar investigaciones para determinar si existía conocimiento previo de las inversiones en Vector. La inversión gubernamental podría convertirse en objeto de reportes de operaciones inusuales si se determina que había señales de alerta que fueron desatendidas.
El daño trasciende lo meramente financiero y legal para adentrarse en el terreno reputacional y político. La inversión en Vector genera cuestionamientos profundos sobre la capacidad técnica y honradez de quienes en su momento fueron los equipos encargados de las finanzas estatales y que, parcialmente, están de regreso. ¿Cómo es posible que funcionarios responsables de administrar recursos públicos de manera irregular estén nuevamente en cargos de relevancia?
La situación exige al gobernador de Puebla tomar acciones inmediatas que van más allá de reconocer contablemente la probable pérdida de las inversiones. El gobierno poblano debe identificar quiénes están hoy con él (en Finanzas) y fueron operadores de la decisión de invertir en Vector, quiénes participaron en el proceso y qué fallas permitieron que se ignoraran las señales de alerta. Más todavía esta revisión debe extenderse a todo el portafolio de inversiones estatales para identificar riesgos similares que puedan estar latentes.
Los 32 millones de pesos que Puebla mantiene en Vector representan más que una cifra en un balance. Constituyen un mal ejemplo de la gestión de recursos públicos. El gobernador Alejandro Armenta requiere en los puestos de mando no solo competencia técnica sino también los más altos estándares de transparencia y diligencia. Cada peso invertido lleva consigo la responsabilidad de proteger el patrimonio de Puebla y la obligación de rendir cuentas sobre cada decisión tomada.
Mientras las investigaciones estadounidenses continúan desentrañando la red de operaciones de Vector Casa de Bolsa, el Gobierno de Puebla enfrenta un momento de definición. Debe responder no solo por los recursos invertidos sino por las decisiones de personas específicas que llevaron a esta costosa apuesta en una institución que ahora enfrenta acusaciones de complicidad con el crimen organizado. La forma en que maneje esta crisis determinará la credibilidad de toda su gestión financiera estatal.
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