En una maniobra que desnuda el verdadero rostro autoritario de la mayoría legislativa en Puebla, el Congreso local aprobó —bajo la coartada de la ciberseguridad— una reforma penal que, lejos de proteger a las infancias o combatir eficazmente los delitos digitales, abre la puerta a la persecución de la crítica ciudadana y al castigo del disenso en redes sociales.
Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír — George Orwell
El nuevo artículo 480 del Código Penal del Estado tipifica el delito de ciberasedio en términos abiertamente ambiguos, al sancionar a quien "insulte, injurie, ofenda, agravie o veje" a otra persona a través de medios digitales, si ello causa un menoscabo emocional. Esta redacción, deliberadamente vaga y subjetiva, criminaliza la expresión incómoda y convierte el sentir emocional del denunciante en criterio penal. El mensaje es claro: en Puebla, opinar puede costarte la libertad.
Aún más grave es que esta regresión jurídica se disfrace de reforma progresista, invocando como escudo la protección de niñas, niños y adolescentes. La tipificación del grooming digital (artículo 278 Decies), aunque necesaria en abstracto, carece de criterios técnicos y mecanismos operativos para una protección real. No exige consumación, pruebas verificables ni articulación institucional. No previene: solo penaliza en abstracto. En cambio, lo que sí está detalladamente tipificado es el castigo contra quienes se atrevan a publicar desde el anonimato.
La desvergüenza legislativa no termina ahí. El boletín oficial de Morena y sus aliados políticos —incluyendo al PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México— deja ver la verdadera intención del bloque oficialista: defender la imagen de los "políticos" oficialistas frente a la crítica ciudadana. "¡Libertad de expresión sí, injurias desde el anonimato no!", proclaman con tono moralista, como si el derecho a opinar tuviera que pasar por el filtro de su consentimiento.
¿En qué parte de la Constitución se exige que la crítica deba firmarse con nombre, apellido y fotografía oficial? ¿Desde cuándo la indignación anónima de una ciudadanía temerosa del poder se convierte en delito? La historia de México —y del mundo— demuestra que el anonimato ha sido refugio legítimo frente al autoritarismo, la corrupción y el abuso. Exigir que toda crítica tenga rostro es, en realidad, exigir sumisión.
Más allá de los discursos, la operación legislativa fue tan torpe como autoritaria. Se dictaminó con prisa, sin audiencias públicas, sin análisis técnico serio y con total desprecio a los principios de taxatividad, legalidad y mínima intervención penal. La tipificación del ciberasedio no distingue entre delito y crítica, entre amenaza y sátira, entre acoso y opinión vehemente. Es un arma judicial puesta en manos de "políticos" que no toleran el escrutinio.
Lo más grave es que se ha usado la causa noble de la niñez como coartada para imponer una ley mordaza. La protección digital de menores exige alfabetización digital, protocolos de intervención, fiscalías especializadas, pedagogía en plataformas. Nada de eso está en la reforma. Lo único blindado aquí no son los derechos de las infancias, sino la piel delgada de los legisladores.
Morena y sus aliados, al aprobar esta reforma, han dejado de legislar para el pueblo y han comenzado a legislar contra él. En su afán por silenciar la crítica, han instalado una amenaza penal sobre la libertad de expresión digital en Puebla. Y lo han hecho con total conciencia de su poder mayoritario, de espaldas a la sociedad civil, a los medios, a la academia y a los principios constitucionales.
Lo que se ha aprobado no es una ley de ciberseguridad: es un instrumento de represión disfrazado de protección.
Puebla (México) no necesita más prisión para quien opina. Necesita más herramientas para quién educa, protege y previene. Esta ley es un insulto a la inteligencia jurídica, a los derechos humanos y a la democracia.
Y sí, lo diremos todas las veces que sea necesario —con nombre o sin él—: el nuevo artículo 480 del Código Penal del Estado no protege a las infancias. Es censura. Y esto sí es la verdadera cobardía del poder.
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