El gobernador Alejandro Armenta tiene motivos para estar alerta.
Mientras el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, el modelo de colocación de operadores cercanos en áreas sensibles durante la gubernatura de Adán Augusto López revela un patrón de riesgo para Puebla: lealtades políticas que terminan bajo investigación y estructuras contaminadas que comprometen al Estado.
El 14 de febrero, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, confirmó que Bermúdez salió de México con dirección a Panamá, España y Brasil, el mismo día en que se giró la orden de captura en su contra. Para ese momento, la Fiscalía ya había activado el expediente por presuntos nexos con “La Barredora”, grupo señalado por extorsión, narcotráfico y tráfico de migrantes en el sureste.
En Tabasco, el gobernador Javier May afirmó que serán las fiscalías quienes informen sobre el caso, mientras el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, reconoció que “toda la pudrición” está saliendo a la luz. Pero las pistas conducen a la administración en la que Hernán Bermúdez construyó poder: la de Adán Augusto López, quien lo mantuvo al frente de la seguridad estatal incluso cuando reportes de inteligencia del Ejército señalaban que Bermúdez operaba como doble agente.
La evidencia no es menor: Bermúdez fue hombre de confianza en seguridad durante la gubernatura de Adán Augusto. Los reportes internos del Ejército desde 2021 ya indicaban que “La Barredora” se encontraba infiltrada en las estructuras de seguridad de Tabasco, sin consecuencias políticas inmediatas para el entonces gobernador. La red de protección permitió a Bermúdez —hoy prófugo— mantener el control de las corporaciones mientras se tejían vínculos con estructuras criminales.
Adán Augusto ocupa una posición de poder en el Senado (presidente de la Junta de Coordinación Política) y en el reacomodo interno de Morena rumbo a 2027. Puebla, con su peso político y económico, se vuelve pieza en el tablero para operadores que buscan posiciones estratégicas en seguridad, obra y finanzas. Y los antecedentes de Tabasco muestran que la colocación de perfiles cercanos a Adán Augusto no siempre garantizan control ni limpieza institucional.
Si en Puebla ya existen recomendados en áreas clave ligados al proyecto de Adán Augusto, la línea de riesgo está trazada: operadores con lealtades externas al Ejecutivo estatal, con capacidad de manipular recursos públicos, y con el potencial de comprometer la autonomía del gobierno de Puebla frente a pactos políticos que no siempre resisten la presión de los expedientes judiciales.
El caso Bermúdez es un espejo incómodo: un operador de confianza en seguridad, con expedientes abiertos, con redes políticas que lo sostuvieron y con fugas facilitadas en el momento exacto. Puebla no puede ignorar este precedente.
En Tabasco, la investigación sigue, pero la red de protección también. Las piezas se siguen moviendo y apuntan a Puebla.
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