Más de 700 trabajadores de Canal Once enfrentan una situación crítica: no han recibido el pago de su salario correspondiente a la segunda quincena de julio, lo que ha derivado en protestas, denuncias en redes sociales y señalamientos directos contra la actual directora, Renata Turrent Hegewisch.
CDMX — La crisis que atraviesa Canal Once, uno de los pilares de la televisión pública mexicana y operado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha detonado un conflicto laboral sin precedentes en su historia reciente. El 24 de julio, trabajadores de diversas áreas —producción, operaciones, posproducción y noticias— se manifestaron frente a las instalaciones del canal para exigir el pago de su salario, retenido desde hace más de diez días.
La responsable directa, Renata Turrent Hegewisch, asumió la dirección del canal en octubre de 2024 en medio de señalamientos por su perfil ideológico, decisiones editoriales polémicas y una creciente precarización del personal. Su gestión ha sido acusada de haber reclasificado a decenas de trabajadores como “proveedores” o “prestadores de servicios”, lo que les niega acceso a derechos laborales elementales y los coloca en una situación de incertidumbre jurídica y económica.
En redes sociales, usuarios como @VctorCa07651147 y @YoXLas40Horas2 han acusado a Turrent de incurrir en prácticas de explotación laboral, señalando que incluso hay reportes de falta de equipo básico para el desempeño de las funciones asignadas. Las denuncias no se han limitado a usuarios anónimos: la periodista Sanjuana Martínez publicó en su cuenta de X que, según declaraciones de Claudia Sheinbaum, “hay recursos” para pagar a los trabajadores, lo que pone en entredicho la administración interna del canal.
La mención directa de la presidenta de la República y la denuncia pública de una periodista afín al oficialismo intensifican la presión sobre Turrent y sobre Luisa Cantú, directora de noticieros, a quien también se le señala por su silencio y omisiones en medio de esta crisis. Martínez calificó la situación como “un desastre” y cuestionó la inacción de las autoridades responsables.
Mientras el canal continúa transmitiendo bajo una operación debilitada y en condiciones inciertas, el conflicto amenaza con escalar, dejando en evidencia no sólo una gestión administrativa fallida, sino también una contradicción profunda en el discurso gubernamental de defensa de los derechos laborales.
0 Comentarios