Tres activistas defensores del agua en San Miguel Xoxtla enfrentan procesos penales impulsados por Concesiones Integrales —también conocida como Agua de Puebla— tras la recuperación de pozos en disputa con la empresa. La represión judicial, el uso de carpetas de investigación y la exposición de líderes comunitarios por parte de autoridades locales profundizan el conflicto por el derecho al agua.
Xoxtla, Pue.- La defensa del agua en Xoxtla ha dejado de ser un acto cívico para convertirse en un riesgo penal. Este jueves, en una asamblea pública con presencia de cientos de pobladores, Pascual Bermúdez reveló que tanto él como Rogelio Flores, tesorero del Comité Ciudadano del Agua, fueron denunciados penalmente por Concesiones Integrales, sumándose al caso del activista Renato Romero, quien recientemente fue liberado tras permanecer preso por varios días.
Bermúdez afirmó que la denuncia en su contra se basa en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, por la supuesta quema de tuberías y la recuperación del pozo 4. No obstante, cuestionó la legalidad de la acusación, ya que el predio donde se encuentra dicho pozo —según aclaró— es propiedad del ayuntamiento, no de la concesionaria privada.
Durante su intervención, Bermúdez también denunció que la sindicatura municipal habría entregado a la Fiscalía General del Estado los nombres y domicilios de los líderes del movimiento, facilitando su persecución. En respuesta, los pobladores exigieron al síndico Miguel Hernández convocar a un cabildo abierto para anular el acuerdo que permite a la empresa extraer el 50% del agua del pozo 4 y evitar que, como en Nealtican, se trasladen recursos hídricos hacia la ciudad de Puebla.
Rogelio Flores, adulto mayor con problemas de salud, enfrenta no solo esta nueva acusación, sino también un proceso penal previo por la recuperación del pozo 3 en abril de 2024, que abastece a la población de este municipio conurbado. Su ausencia en la asamblea fue notoria, mientras las órdenes de aprehensión en su contra siguen vigentes.
El caso más reciente es el de Renato Romero, cuya detención ocurrió el 1 de julio, luego de que Agua de Puebla presentara imágenes como supuesta evidencia de los daños a infraestructura cometidos durante la toma del pozo 4 el pasado 28 de mayo. En las fotos, se observa al activista acompañado por otras personas, bloqueando la autopista México–Puebla y cerca de estructuras incendiadas y tuberías afectadas.
Aunque Romero fue liberado este 3 de julio del Cereso de San Pedro Cholula, su situación legal no ha concluido. La audiencia decisiva será el 7 de julio a las 7:30 horas, cuando se determinará si será vinculado a proceso. En su defensa, Romero niega los cargos y afirma que continuará luchando por el agua como un derecho colectivo.
En la carpeta de investigación en su contra figuran dos testigos, ambos empleados del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Además, reportes oficiales confirman la existencia de dos órdenes de aprehensión más relacionadas con los mismos hechos del 28 de mayo.
La comunidad teme que se reactiven 42 denuncias más, presuntamente interpuestas por la exedil Guadalupe Siyancán Peregrina Díaz, contra habitantes que en 2024 bloquearon la extracción en al menos dos pozos clandestinos. Para muchos, la criminalización del movimiento es un intento sistemático de romper la organización comunitaria y consolidar el control privado sobre el agua en la región.
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