🕯️ Ricardo Ordóñez murió tras 38 días en huelga de hambre en Xalapa, pidiendo ser escuchado por la gobernadora Rocío Nahle. La Constitución garantiza el derecho de audiencia, pero Veracruz lo dejó morir en silencio, exponiendo un vacío cruel entre la ley, el discurso político del “pueblo”, “primero los pobres” y la realidad. 📜⚖️
Xalapa, Ver. — Frente a las puertas del poder, Ricardo Ordóñez murió en huelga de hambre tras 38 días de exigir algo que la Constitución de Veracruz presume garantizar: el derecho de audiencia. Su cuerpo se extinguió en la Plaza Lerdo de Xalapa mientras esperaba, en vano, ser escuchado por la gobernadora del estado. En cada día de espera, su salud se deterioró bajo la mirada de transeúntes, activistas y reporteros, mientras la autoridad elegía el silencio.
El caso de Ricardo Ordóñez expone la brutal contradicción entre el discurso de cercanía al pueblo y la realidad burocrática que permea el poder local. Su única exigencia era ser recibido por la mandataria estatal, Rocío Nhale, en un acto que no implicaba recurso alguno del erario ni demandas imposibles: solo ser escuchado.
La Constitución de Veracruz reconoce el derecho de audiencia como un principio de justicia, reflejo del Artículo 14 de la Constitución federal, que prohíbe privar a alguien de sus derechos sin juicio o audiencia previa. Sin embargo, en Veracruz, la ley no garantizó siquiera el derecho a ser escuchado antes de que la vida de un ciudadano se consumiera en protesta pacífica.
Organizaciones civiles comenzaron a convocar actos en memoria de Ricardo, exigiendo que se investigue la omisión institucional que derivó en su muerte. La exigencia es clara: no se trata solo de la atención a una demanda personal, sino de revisar cómo las autoridades locales convierten el derecho de audiencia en letra muerta.
Mientras el gobierno estatal presume programas de proximidad con la ciudadanía y discursos de justicia social, el caso de Ricardo Ordóñez se convierte en una loza que Morena, la de “primero los pobres”, no quiere cargar.
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