El estado se encuentra fuera del grupo de seis entidades que concentran la mitad de los casos nacionales de adolescentes en conflicto con la ley. Puebla se encuentra cerca de la media nacional de 16.6 adolescentes ingresados a centros de internamiento por cada 100 mil habitantes.
InfoStockMx — Mientras Aguascalientes registra la alarmante cifra de 95.1 adolescentes ingresados a centros de internamiento por cada 100 mil habitantes de esa edad, y estados como Nuevo León, Estado de México y Guanajuato concentran la mitad de todos los casos nacionales de justicia penal juvenil, Puebla mantiene una posición intermedia que podría representar tanto una oportunidad como una advertencia sobre los retos que enfrenta el país en este tema.
Los datos más recientes del programa Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2023, revelan que 32,852 adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de un delito a nivel nacional, una cifra que representa un incremento del 42.2% respecto a 2021.
Puebla no está entre las entidades federativas con los indicadores más críticos del informe. El estado no figura entre las seis entidades que concentran el 50.7% de los casos nacionales (Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua), ni tampoco entre aquellas con las tasas más altas de ingresos a centros de internamiento.
Puebla se encuentra cerca de la media nacional de 16.6 adolescentes ingresados a centros de internamiento por cada 100 mil habitantes, una cifra considerablemente menor a los valores extremos que presentan entidades como Aguascalientes (95.1), Nayarit (62.7) y Sonora (58.7).
Sin embargo, Puebla no está exenta de los patrones generales que afectan al país. El informe del INEGI revela que 8 de cada 10 adolescentes imputados son hombres, una tendencia que se replica en prácticamente todas las entidades federativas.
Los cinco delitos más frecuentes a nivel nacional son lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4%), abuso sexual (9.0%) y narcomenudeo (8.4%), un perfil que refleja la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y la inserción temprana de los adolescentes en economías ilícitas.
Particularmente preocupante resulta el dato sobre consumo de sustancias psicotrópicas: 88.2% de los hombres y 77.3% de las mujeres adolescentes en el sistema de justicia penal han consumido alcohol, tabaco o marihuana alguna vez en su vida, patrones que se replican en Puebla con niveles similares.
La posición geográfica de Puebla le otorga ciertas ventajas frente a otras entidades. A diferencia de los estados fronterizos como Sonora y Chihuahua, no enfrenta las presiones del narcotráfico transfronterizo de manera directa. Tampoco presenta la compleja dinámica urbana del Estado de México o la rápida industrialización de Nuevo León y Guanajuato.
Pero Puebla no debe considerarse inmune a los factores que han llevado a otros estados a posiciones críticas. El crecimiento urbano acelerado de la zona metropolitana poblana, su función como corredor estratégico entre el sur y el centro del país, y las desigualdades regionales internas representan factores de riesgo emergentes.
Uno de los hallazgos más significativos del informe es el repunte generalizado en los casos de adolescentes en conflicto con la ley. Después de una disminución sostenida del 37.3% entre 2017 y 2021, el periodo 2021-2023 muestra un incremento del 42.2% que coincide con la etapa post-pandemia.
Este incremento sugiere que las crisis sociales y económicas derivadas del COVID-19 han impactado significativamente en la población adolescente, un fenómeno que también afecta a Puebla, aunque en menor medida que los estados con cifras más críticas.
El informe revela que 6 de cada 10 víctimas son mujeres y que el 56.7% tiene 19 años de edad o menos, lo que evidencia que los adolescentes en conflicto con la ley victimizan principalmente a sus pares y a las mujeres jóvenes.
Este patrón sugiere la existencia de ciclos de violencia intergeneracional y de género que requieren intervención integral, un desafío que Puebla comparte con el resto del país.
Una de las fallas más preocupantes del sistema es que apenas el 51.5% de los adolescentes recibió asesoría legal durante su estancia en el Ministerio Público, lo que viola principios fundamentales del debido proceso.
En contraste, el 82.5% declaró haber tenido contacto con sus padres o tutores durante el primer encuentro con la persona juzgadora, lo que evidencia que el sistema familiar aún funciona como red de apoyo en la mayoría de los casos.
La posición intermedia de Puebla en el contexto nacional representa una oportunidad única para desarrollar un modelo de prevención y atención que pueda servir de referencia para otras entidades.
Sin embargo, expertos advierten que estas ventajas no son permanentes y que Puebla debe actuar proactivamente para mantener su posición favorable y evitar sumarse a la lista de estados con indicadores críticos.
A nivel nacional, el 66.3% de los adolescentes sancionados se encuentra con medidas no privativas de libertad, mientras que el 33.7% tiene alguna medida privativa o restrictiva de la libertad. El sistema está privilegiando la rehabilitación sobre el castigo, aunque persisten 1,508 ingresos a centros de internamiento durante 2023.
A pesar de mantener niveles intermedios, Puebla enfrenta retos específicos que podrían complicar su situación en el futuro próximo. El crecimiento urbano acelerado, su función como corredor del narcotráfico y las desigualdades regionales internas representan factores de riesgo emergentes que requieren atención inmediata.
La juventud vulnerable sin oportunidades educativas y laborales, la persistencia de patrones de violencia intrafamiliar y el acceso limitado a servicios en zonas rurales constituyen desafíos sistémicos que Puebla comparte con el resto del país.
Este reportaje se basa en datos del programa Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del INEGI, correspondientes al periodo 2017-2023.
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