📜 Mientras el Congreso de Puebla ha postergado legislar la revocación de mandato con plazos y promesas de “periodos extraordinarios”, en contraste avanzó con velocidad quirúrgica para aprobar y endurecer el delito de ciberasedio.⏳⚖️
Puebla de Zaragoza, Pue.- El próximo 15 de julio concluye el segundo periodo ordinario de sesiones y, nuevamente, los diputados poblanos dejan pendiente legislar sobre la revocación de mandato, un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras un amparo que ordenó garantizar este derecho en la Constitución local.
En cambio, cuando se trató de modificar el artículo 480 del Código Penal para tipificar y luego endurecer el delito de ciberasedio, el Congreso local se movió con inusual celeridad, aprobando y modificando la ley en apenas semanas, mostrando que cuando se trata de crear herramientas que permiten perseguir y silenciar voces críticas, la “tardanza legislativa” desaparece.
Desde noviembre de 2023, el hoy gobernador Alejandro Armenta Mier, como senador entonces, ha insistido en la urgencia de legislar en las entidades federativas sobre revocación de mandato como mecanismo de rendición de cuentas, pero ni siquiera la presión del Ejecutivo ha acelerado a la legislatura local, encabezada por Laura Artemisa García Chávez de Morena.
El Congreso poblano recibió la iniciativa de Kathya Sánchez Rodríguez para la Ley de Participación Ciudadana, que incluye mecanismos como plebiscito, referéndum e iniciativa popular, pero también aquí se ha instalado la lentitud, con promesas de socialización antes de su eventual aprobación en un periodo extraordinario “entre julio y septiembre”.
La legislatura poblana ha demostrado que sí puede legislar rápido, pero solo cuando conviene al poder. La revocación de mandato, que debería ser una herramienta ciudadana para frenar la corrupción y el abuso de poder, sigue siendo una promesa que se mueve al ritmo del cálculo político, mientras los delitos que se prestan a interpretaciones amplias y ambiguas, como el ciberasedio, se convierten en ley sin mayor resistencia.
El contraste exhibe al Congreso: cuando se trata de aprobar mecanismos de control ciudadano sobre el poder, se instala la demora; cuando se trata de aprobar herramientas de control sobre la ciudadanía, se aplica la vía rápida.
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