La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la CFE, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto participante en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en Guadalajara en 1985.

InfoStockMx — La medida representa uno de los primeros movimientos de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF, tras su ratificación por la Cámara de Diputados. El bloqueo de las cuentas confirma que el caso Bartlett está abierto no sólo en tribunales estadounidenses, sino también en instancias del Gobierno mexicano, a cuatro décadas de aquel crimen que marcó la relación bilateral en materia de seguridad.

Fuentes cercanas confirmaron que tanto León Bartlett como Julia Abdalá fueron notificados del congelamiento, lo que los llevó a buscar asesoría legal para enfrentar la medida que los dejó sin acceso a sus recursos financieros. La acción coincide con un repunte en las presiones de Washington para que México colabore en la investigación que pretende cerrar el capítulo pendiente de la llamada Operación Leyenda.

El caso volvió a encenderse cuando, en julio pasado, Manuel Bartlett fue visto ingresando a Palacio Nacional, lo que desató especulaciones sobre un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria rechazó la versión y aclaró que el exfuncionario había acudido a tratar un asunto particular en la Consejería Jurídica, aunque su irritación ante los cuestionamientos reflejó la sensibilidad política que rodea al tema.

Días después, el periodista Raymundo Rivapalacio reveló que Bartlett habría sido citado por Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, para informarle sobre las pruebas que fiscales estadounidenses planean presentar en la Corte del juez Frederick Block, en Brooklyn. Entre ellas, grabaciones de las torturas sufridas por Camarena y su piloto Alfredo Zavala, en las que se presume la complicidad del entonces secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid.

La presión se incrementó desde que el Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Rafael Caro Quintero a Estados Unidos en febrero pasado, rompiendo con la negativa sostenida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con Caro ya en prisión y a punto de ser juzgado, los fiscales norteamericanos consideran que Bartlett es la pieza que falta para cerrar la investigación del asesinato del agente Camarena, considerado por la DEA un caso de honor.

Durante los últimos meses del Gobierno lopezobradorista circuló la versión de que Bartlett sería enviado como embajador a París, lo que le otorgaría inmunidad diplomática. Sin embargo, la designación nunca se concretó. Hoy, el bloqueo de las cuentas de su familia por parte de la UIF sugiere que la estrategia de protección política se agotó y que la presión internacional empuja hacia un desenlace judicial que podría implicar su extradición.

A 40 años del asesinato de Enrique Camarena, la sombra de aquel crimen regresa al centro de la política mexicana. La UIF ha dado el primer golpe financiero en un expediente que se mueve entre la memoria histórica, las presiones diplomáticas y la urgencia de la justicia internacional.

Fuente: Salvador García Soto | Investigador

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