A once años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el Palacio Nacional es cercado con vallas metálicas ante las manifestaciones convocadas en la Ciudad de México.
CDMX — Desde la noche del 25 de septiembre, personal de seguridad instaló vallas en los alrededores del Palacio Nacional, abarcando calles como Moneda, en previsión de las movilizaciones programadas para el aniversario del caso Ayotzinapa. Cada año, las protestas se extienden en la capital y en distintos estados, en demanda de justicia para los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Han transcurrido 11 años desde la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La exigencia de sus familias se mantiene intacta: conocer su paradero. El dolor se ha transformado en una lucha sostenida, expresada en marchas, plantones y manifestaciones que, en varias ocasiones, han derivado en enfrentamientos con policías y bloqueos carreteros.
El caso reveló la fragilidad institucional del país. A lo largo de más de una década, distintas administraciones federales han prometido esclarecer los hechos, pero los padres y madres de los normalistas continúan enfrentando un proceso lleno de contradicciones, verdades parciales y promesas incumplidas. De la llamada “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto a las indagatorias de gobiernos posteriores, la incertidumbre persiste.
Hoy, el caso Ayotzinapa es símbolo de la impunidad estructural en México y de la incapacidad del Estado para garantizar justicia. Mientras tanto, las familias repiten los nombres de sus hijos en pancartas y fotografías, recordando al país que la memoria resiste y que la pregunta que los persigue sigue sin respuesta: ¿Dónde están los 43?
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