La Causa Penal 325/2025 amenaza con convertirse en el primer gran proceso judicial del sexenio que logre unir en una sola trama a altos mandos militares, funcionarios federales y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia del PAN ante la FGR, que los vincula con la red de contrabando de hidrocarburos encabezada por el contralmirante Fernando Farías Laguna, ha abierto una grieta jurídica de consecuencias impredecibles.
El señalamiento directo de José Ramón, Gonzalo y Jesús Ernesto López dentro de un expediente federal no es un episodio menor. A diferencia de la narrativa mediática que suele acompañar las acusaciones políticas, en esta ocasión existe una causa penal abierta, con testimonios protegidos y una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Si las pruebas resultan sólidas, la FGR estaría obligada a citar a declarar, o incluso imputar, a los hijos del exmandatario. Ese sería un parteaguas judicial sin precedentes en la historia política moderna de México.
El eje de la acusación gira en torno al llamado “Cártel de Palenque”, una red que, según el diputado Marcelo Torres Cofiño, habría operado con protección de altos mandos de la Secretaría de Marina y funcionarios aduanales, mezclando negocios ilícitos con influencias políticas. Jurídicamente, la denuncia se sostiene sobre la figura de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dos delitos que, de acreditarse, no permiten libertad bajo caución.
Riesgos jurídicos reales
Desde la óptica del derecho penal, la incorporación de los hijos de López Obrador en la Causa 325/2025 representa un riesgo real si existen elementos probatorios directos —depósitos, comunicaciones, transferencias o testigos— que los vinculen con los flujos de hidrocarburos ilícitos. Sin embargo, la carga de la prueba recae en el PAN como denunciante, y en la FGR como órgano de investigación. Hasta ahora, no hay constancia pública de que los hijos del expresidente hayan sido llamados a declarar ni de que exista orden de aprehensión en su contra.
La denuncia de Torres Cofiño cita como sustento la mención de sus nombres en el expediente judicial y el testimonio de un colaborador protegido. Pero, en términos procesales, una referencia indirecta no constituye imputación formal. Se necesitaría demostrar conducta activa o beneficio económico dentro de la red de contrabando. En el terreno jurídico, el caso aún se encuentra en fase de validación indiciaria.
El verdadero riesgo, sin embargo, no es sólo penal sino político: el simple hecho de que los nombres de los hijos del expresidente aparezcan en un proceso por huachicol fiscal erosiona la narrativa de honestidad republicana que marcó todo el sexenio anterior. Y si el proceso avanza con base en pruebas verificables, el impacto institucional alcanzará al círculo más íntimo del poder lopezobradorista.
Consecuencias políticas
La exposición pública de este expediente coloca al movimiento de la Cuarta Transformación frente a un dilema: defender a la familia del expresidente o deslindarse para proteger al gobierno actual. La secretaria Rosa Icela Rodríguez intentó cerrar filas al calificar los señalamientos como una campaña de desprestigio. Pero el hecho de que los Farías Laguna —altos mandos navales— estén ya judicializados y que la FGR haya reconocido la existencia de una red criminal dentro de la Marina complica la defensa política.
Para la oposición, esta causa es oro puro: ofrece una oportunidad para judicializar el relato moral de la 4T, utilizando el discurso del “no mentir, no robar y no traicionar” como arma retórica. Para el lopezobradorismo, en cambio, representa un desafío de credibilidad, pues cualquier intento de cerrar el caso podría ser interpretado como encubrimiento institucional.
En términos de gobernabilidad, la presidenta en turno enfrentará la presión de demostrar que la justicia no distingue apellidos. Si la FGR avanza, podría abrirse un precedente de rendición de cuentas inédito. Si se frena, el costo político será absorbido por todo el bloque oficialista. De cualquier modo, el daño simbólico ya está hecho.
Una grieta en la narrativa de la 4T
El caso Farías Laguna y la denuncia contra los hijos de López Obrador son hoy dos líneas paralelas que convergen en un punto: la erosión del relato moral sobre el que se construyó la Cuarta Transformación. El primero exhibe corrupción en mandos navales; el segundo, posibles beneficios familiares. Ambos cuestionan la promesa de que “este gobierno no es igual”.
La lección jurídica y política es clara: en el México postlopezobradorista, los procesos penales ya no sólo se libran en los tribunales, sino también en la arena simbólica de la legitimidad. Y en esa batalla, los apellidos pesan tanto como las pruebas.
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