En pleno marco de las celebraciones del 16 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció implícitamente que mandos navales están bajo investigación por su presunta participación en redes de huachicol fiscal. El discurso oficial rompió con el silencio y puso en la mesa las complicidades que marcaron al obradorismo.
CDMX — El escándalo del huachicol volvió a sacudir la política nacional. Durante un acto conmemorativo por las Fiestas Patrias, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, admitió que ha sido difícil aceptar la participación de mandos navales en redes criminales de robo de combustibles. “Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento… porque solo se mantiene el honor con la verdad”, expresó en un mensaje que sacudió el discurso oficial.
La confesión llega en medio de investigaciones y detenciones de altos mandos vinculados con el saqueo de combustibles en aduanas y puertos. Lo que en 2019 fue anunciado como una “guerra contra el huachicol” hoy se revela como un sistema que se sofisticó hasta convertirse en huachicol fiscal, con operaciones de triangulación y subvaluación que, entre 2018 y 2024, provocaron pérdidas cercanas a 809,324 millones de pesos.
Las cifras son devastadoras: tan solo en 2024, Pemex reportó 20,428 millones de pesos en pérdidas por este delito, mientras cálculos privados estiman que la evasión anual alcanzó los 9,200 millones de dólares, contradiciendo la narrativa presidencial del “cierre de válvulas”.
El escándalo también roza a figuras cercanas al obradorismo. El exsecretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López Hernández aparece ligado a redes criminales a través de su excolaborador Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay y acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. A su vez, el exdirector del CNI, Audomaro Martínez Zapata, enfrenta señalamientos periodísticos por presuntos vínculos con empresas implicadas en huachicol fiscal. Incluso Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por favorecer a grupos energéticos beneficiados en importaciones y contratos de transporte de combustibles.
El propio almirante Morales Ángeles advirtió que “la Marina no disimulará actos de corrupción”. Sin embargo, el reconocimiento oficial dejó en evidencia que ni la militarización de puertos ni el control férreo de aduanas evitaron que las redes criminales infiltraran a instituciones federales.
El costo político y económico es monumental: casi un billón de pesos perdidos en seis años, altos mandos militares procesados, operadores cercanos a Adán Augusto detenidos en el extranjero y sospechas que alcanzan al círculo íntimo del obradorismo. La promesa de “honestidad valiente” se fractura frente a un legado de pérdidas millonarias históricas, simulación institucional y complicidades que hoy se exhiben a la luz del discurso oficial.
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