Se acerca el final del mandato de Gabriel Boric (marzo de 2026) y Chile se enfrenta a una evaluación compleja de su primer presidente millennial: un gobierno que nació con la ambición de enterrar el neoliberalismo y reescribir el contrato social, pero que termina con avances limitados y la persistencia de un statu quo que se resistió al cambio.
RG Revista — Elegido en diciembre de 2021 y en el ejercicio presidencial desde marzo de 2022, Boric irrumpió en la política como exlíder estudiantil con una propuesta de transformación profunda. Su coalición impulsó un proyecto constitucional que buscaba convertirse en la carta magna más progresista del mundo. Sin embargo, el rechazo de más del 60% de los votantes a ese borrador marcó el primer gran revés de su administración y redujo el margen de maniobra para implementar un socialismo democrático en Chile.
En materia económica, Boric asumió con el objetivo de superar el modelo neoliberal instaurado en los años ochenta. No obstante, su reforma tributaria se diluyó en el Congreso y las restricciones fiscales tras la pandemia limitaron la capacidad de expandir el gasto social. Aunque el gobierno logró incrementos salariales significativos —como el aumento del salario mínimo en un 51% y la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas—, la pobreza afecta aún a más del 22% de la población y el país cerrará el sexenio con un crecimiento estimado de apenas 1,8%, la tasa más baja desde el retorno a la democracia en 1990.
El mayor aporte estructural de su gestión se encuentra en la reforma del sistema de pensiones. Tras décadas de estancamiento legislativo, se aprobó un esquema mixto que obliga a los empleadores a realizar aportaciones adicionales y eleva progresivamente la cotización del 10% al 16%. Aunque se trató de una versión menos ambiciosa que la planteada en campaña, esta medida sienta las bases para mejorar las jubilaciones y constituye uno de los elementos que definirán su legado.
La seguridad se convirtió en uno de los temas más sensibles del periodo. Con el aumento de la percepción de inseguridad —el 80% de la población cree que la delincuencia visible ha crecido—, el tema dominó la agenda pública y se transformó en un flanco crítico para la izquierda chilena. Boric, que en un inicio buscó marcar distancia de políticas asociadas con autoritarismo, terminó recurriendo a las fuerzas policiales y militares en el sur del país y en áreas urbanas para contener la violencia. La decisión reflejó la tensión entre la promesa de cambio y la necesidad de gobernabilidad.
El gobierno de Boric deja, así, una mezcla de logros parciales y expectativas incumplidas. La ambición de refundar Chile no se concretó ni en el plano constitucional ni en la transformación económica de fondo. Sin embargo, la reforma de pensiones, los avances en derechos laborales y la adaptación frente a los dilemas de seguridad ofrecen un registro de cambios relevantes, aunque insuficientes para la magnitud de las expectativas generadas. A los 39 años, Boric cierra su ciclo presidencial sin haber transformado el país como prometió, pero con tiempo político suficiente para rearticular a la izquierda chilena y proyectar un futuro regreso al poder.
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